El desencuentro de familiares de personas desaparecidas con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en Ixtaczoquitlán, evidenció la complicada relación entre los colectivos y el Gobierno, así como el poco avance del Programa Emergente por Crisis de violaciones graves de derechos humanos que el Ejecutivo declaró una vez que asumió el cargo.
Tras rendir protesta al cargo en el Congreso del Estado, García Jiménez firmó el compromiso de impulsar y garantizar los derechos de todas las personas, principalmente los derechos a la verdad y a la justicia para víctimas de delitos.
En Palacio de Gobierno, durante la madrugada del 1 de diciembre de 2018, el mandatario encabezó la sexta reunión de colectivos de familiares con la recién creada Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, a cargo de la académica de la Universidad Veracruzana, Mayra Ledesma Arronte, quien ya había efectuado trabajos previos.
La docente universitaria sirvió de enlace entre Cuitláhuac García y los colectivos de familiares en los meses posteriores tras el triunfo del morenista, tiempo en donde además el gobernador electo efectuó cinco reuniones con los colectivos de familiares.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que comenzara a generarse una brecha entre el Ejecutivo con algunos colectivos.
Esto quedó de manifiesto el 1 de junio de 2019, cuando integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas le reclamaron en una carta abierta la poca información del Programa Emergente, y el poco involucramiento en el tema.
Además le piden demostrar su auténtico interés en las víctimas mediante la expedición, a la mayor brevedad, del Reglamento de la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz, así como de un Programa de Atención Integral a Víctimas, medible y con viabilidad presupuestaria.
Dos días después, el 3 de junio, la integrante del colectivo “Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, Araceli Salcedo Jiménez, le recordó al Gobernador que lo “seguían esperando” para conocer de cerca la problemática de las familias del centro del Estado.
La madre de Fernanda Rubí, joven desaparecida desde el 7 de septiembre de 2012, urgió al Gobierno de Veracruz la necesidad de una institución y un mecanismo de identificación en materia forense, para desarrollar todos los hallazgos de restos de personas.
El desencuentro más reciente ocurrió en Orizaba, en donde el Ejecutivo sostendría reunión con familiares de los siete comerciantes desaparecidos de Ixtaczoquitlán; sin embargo, esta se canceló ante la asistencia del Colectivo “Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, con Salcedo Jiménez a la cabeza.
Funcionarios del Gobierno, por medio de la Dirección de Política Regional, ofrecieron a las familias programar una nueva reunión con el Ejecutivo, sin embargo, los inconformes reprocharon la salida de García Jiménez, y de los alcaldes de Ixtaczoquitlán, Miguel Castelán Crivelli; y de Orizaba Igor Rojí López.
Los familiares de desaparecidos igual reclamaron a la titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Lorena Mendoza Sánchez, organizadora de la reunión, por lo que consideraron un desplante, afirmando que el mandatario “se fue por la puerta de atrás”.
PROGRAMA ESTANCADO
En el Programa Emergente por Crisis de violaciones graves de derechos humanos en Veracruz, el Gobierno del Estado reconoció la grave situación de brindar a las personas los derechos a la justicia, la verdad y la reparación.
A pesar del planteamiento inicial, el Programa Emergente registra pendientes en su ejecución, entre estos la emisión de una disculpa pública por parte del Gobierno del Estado a las y los familiares en todos aquellos casos donde se documenten violaciones a los derechos humanos por desaparición de personas.
De igual forma, el Gobierno no especifica el uso, administración y destino del fondo especial conformado por recursos públicos estatales, federales y aportaciones de terceros, para la implementación del Plan de Acción de la Declaratoria de Crisis Humanitaria.
Además, no existe un informe relativo al financiamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) como establece la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.
A la vez un punto pendiente de definir radica en la cooperación del gobierno federal, con las universidades, las agencias de cooperación internacional y la sociedad civil a fin de implementar el Plan de Acción de la Declaratoria, por medio de cooperación, financiamiento y asistencia.
El Programa incluye la asignación de recursos operativos y presupuestales a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), a modo de aumentar el número de asesores jurídicos, personal para la atención psicosocial, punto pendiente de cumplir; mas, no existe un desglose de la asignación de los recursos del Ejecutivo.
Lo anterior se suma a la pendiente implementación de un sistema de alerta temprana para atender con protocolos especializados los nuevos casos de desaparición y en casos de personas desaparecidas migrantes; además del inicio de una campaña exhaustiva y completa para contar con todos los perfiles genéticos de todos y cada uno de los casos, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Tampoco existe informe de la respuesta de la Fiscalía General del Estado, a la solicitud de contribuir de manera efectiva en el avance de las investigaciones y abatir el rezago prevaleciente desde 2010.
A un año de la propuesta, el Ejecutivo o el Legislativo no formulan la iniciativa de Ley para crear un Centro o Instituto forense y de procesamiento de restos humanos, y en este participe la sociedad civil, la cooperación internacional con un carácter independiente y autónomo.
De igual manera el programa no ejerce los mecanismos de colaboración con gobiernos de países centroamericanos para facilitar la identificación de personas desaparecidas en proceso de migración o en tránsito por el Estado de Veracruz.
Además, no existen visos de la habilitación de un Registro Nacional de Fosas, con los datos aportados de las fosas en el estado de Veracruz; ni se define la creación de la policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El Ejecutivo tampoco designó el Consejo Asesor y de Observadores, conformado por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional con especialidad en los ámbitos de actuación del Plan de Acción; ni existen indicios de la generación de un Fondo Especial para la coordinación, operación, seguimiento y evaluación de la Declaratoria y el Plan de Acción, a modo de practicar diagnósticos y formar personal experto en búsqueda e identificación de personas
VICIOS DEL PASADO
Al ofrecer su comparecencia el pasado 10 de diciembre, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que su administración cumplió con lineamientos del Plan Emergente, entre estos, el aumentar, sin especificar rubros, en mil 500 por ciento adicional los recursos a Atención Integral de Víctimas, a razón de 89 millones de pesos.
“En este último rubro el incremento significó mil 500 por ciento adicional que el año anterior, por ser una alta prioridad en la estrategia de derechos humanos del Gobierno, cumpliendo con una de las partes medulares de la declaratoria del Programa Emergente que se hizo desde el primero de diciembre de 2018”, enfatizó el Gobernador.
En dicha ponencia ante los Diputados Locales, Cuitláhuac García recalcó que él cumplió con las disculpas públicas por desapariciones del Estado solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en su momento se negaron a emitir sus antecesores Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa.
Tales actos se refieren a la disculpa pública ofrecida por el Ejecutivo el pasado 4 de marzo de 2019, en el Museo Memoria y Tolerancia (MMyT) de Ciudad de México por las desapariciones de Bernardo y de José Benítez de la O de 24 años, Susana Tapia Garibo de 16 años, Mario Arturo Orozco Sánchez de 27 años y Alfredo González Díaz de 25 años; jóvenes de Playa Vicente desaparecidos por policías estatales en Tierra Blanca.
Además de una disculpa realizada el 5 de noviembre en Papantla, por la desaparición a manos de la Policía Municipal de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, en marzo de 2016.
En su comparecencia, García Jiménez reclamó que ni Yunes Linares ni Duarte “fueron capaces” de emitir las disculpas.
“No fue capaz de pedir disculpas públicas aun cuando la CNDH se lo exhortó; con qué calidad moral se quisiera cuestionar aquí sobre ese hecho, llevamos tres disculpas públicas porque causa dolor, es un criterio que estamos aplicando gracias a esa declaratoria del día primero”, abundó ante los legisladores.
ygr