XALAPA, VER.- Atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez propuso al Congreso de Veracruz desaparecer el delito de ultrajes a la autoridad.
En la sesión ordinaria, se informó que la propuesta fue turnada a comisiones, para el análisis y dictamen.
En diciembre, el organismo determinó que policías del estado violaron los derechos humanos de seis jóvenes que fueron detenidos en la Plaza Tejar en Xalapa, Veracruz, y que estuvieron en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses.
La CNDH ordenó indemnizar a los jóvenes, un curso de capacitación a policías y ministeriales y al Estado pidió a García Jiménez derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
En la exposición de motivos de la iniciativa se confirmó que, desde el 21 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del expediente CNDH/2(2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le pidió tomar acciones.
“Mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones o derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa.
Según la propuesta de García Jiménez, busca eliminar en la totalidad el delito, que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el mes de marzo del 2021, se avaló la reforma que endurecía las penas por este delito de ultrajes a la autoridad, asegurando que a través del tiempo esta conducta se juzgó como un ilícito de bajo impacto, cuyas consecuencias “afectan únicamente la esfera de derechos del servidor público lacerado”.
Para el morenista la tipificación de este ilícito protege al servidor público, pero vinculado con el ejercicio sus atribuciones, por lo que a su parecer las penas debían ser firmes y acordes al escenario que impera en el Estado.
No obstante, apenas aprobada la propuesta en marzo del 2021, el líder de los concesionarios de los verificentros, Eduardo Mario “N” así como el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, fueron detenidos y señalados por ultrajes a la autoridad, lo que generó críticas de la oposición y de académicos de la Universidad Veracruzana.
Para noviembre se hizo público que un grupo de jóvenes fue acusado de dicho delito, que desde el punto del senador Ricardo Monreal, la figura jurídica se usaba para crear delincuentes.