Con una nueva propuesta de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez no solo proyecta la remoción de policías incumplidos en Veracruz, además frena una hipotética reinstalación en el cargo del exfiscal Jorge Winckler Ortiz, actualmente prófugo de la justicia.
Al presentar dicha iniciativa de Ley con fecha 28 de enero de 2021, la administración de García Jiménez plantea evitar un “efecto Winckler” en los casos de las remociones de las y los integrantes de las instituciones policiales, es decir, no procedería su restitución aún y cuando promuevan medios legales existentes; dicha medida, ya está contemplada en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 123.
La reforma propuesta por el gobernador amplía la esfera de acción de la todavía vigente Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública con fecha 28 de noviembre de 2014, propuesta y promulgada por Javier Duarte de Ochoa.
En los artículos 78 y 79, dicho ordenamiento ya contempla la remoción sin posibilidad de reinstalación, pero esta solo aplica a los policías.
Además, en los casos de “despidos injustificados” la Ley vigente prevé una indemnización de tres meses de salario, una prima de antigüedad de 20 días de salario por cada año prestado al servicio policial y el pago de salarios caídos por el tiempo de trámite de los juicios o medios de defensa del afectado.
En los artículos 104 y 105 de la nueva ley propuesta por Cuitláhuac García en ningún caso procede la reinstalación de las y los servidores de las instituciones policiales y estos podrán ser removidos por incumplimiento de sus obligaciones y deberes.
“En ningún caso procede su reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa intentado para combatir la separación, la remoción o cualquiera otra forma de terminación del servicio”.
En caso de que un tribunal resuelva que procedió de manera injustificada la remoción de la o el servidor, el estado o el municipio contempla una gratificación semejante a la de los artículos 78 y 79 de la Ley 310 en vigor.
La propuesta ingresó al Congreso para su estudio en comisiones, aunque en caso de que el Legislativo la apruebe, limitará los medios de defensa de los servidores públicos removidos de las instituciones policiales.
BALAZO EN EL PIE
Aunque estas disposiciones en la propuesta son novedosas para la entidad, se tratan de una copia fiel del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la relación laboral de las fuerzas del orden en los tres niveles de gobierno.
La nueva ley que propone el Gobernador, también implica ciertos requisitos que, sin embargo, no se cumplieron con la llegada de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, pues establece que para ingresar a las instituciones de seguridad es necesario acreditar previamente las certificaciones y evaluaciones de control de confianza.
Al respecto, el artículo 101 establece los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera, que obliga a que todo aspirante quede sujeto a ciertos requisitos para ocupar un cargo.
Es decir, la fracción II establece que toda persona aspirante a las instituciones policiales deberá “obtener y mantener actualizado” el Certificado Único Policial, lo que no ocurrió con Hernández Giadáns, quien públicamente reconoció que realizó las pruebas de certificación posterior a su llegada a la Fiscalía, tras la separación del cargo de Winckler Ortiz por presuntamente incumplir ese mismo requisito.
La idea la refuerza la fracción III que señala que solo formarán parte de las instituciones policiales las personas que “cursen y aprueben los programas de ingreso, formación, capacitación y profesionalización” para desempeñar sus encargos.
Hasta la fecha, el ingreso y permanencia del Fiscal General es una facultad del Congreso del Estado. Sin embargo, a Jorge Winckler se le removió señalándolo de incumplir con los exámenes de control y confianza.
Tras su separación “temporal”, el mismo exfiscal actualmente prófugo dijo que dicho lineamiento no debería ser aplicable, o al menos no con relación a la Ley 310, vigente en el momento que aquel tomó el cargo.
Con dicha premisa, Winckler Ortiz ha interpuesto amparos ante jueces federales y la fracción del PAN en el Congreso local recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una controversia constitucional, misma que fue desechada.
Ahora la Ley propuesta por García Jiménez establece que la vigencia de las evaluaciones será de tres años y la autoridad responsable de emitirlas será el Centro de Evaluación y Control de Confianza con los lineamientos que establece la Ley Nacional.
La propuesta no indica que para el caso del Fiscal General sea necesario acudir a otra instancia. Ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la propia del Estado de Veracruz, establecen como requisito para ocupar el cargo, que se cumpla previamente con esta condición.
Además, también pone candados a la permanencia de Verónica Hernández, de quien hasta ahora se ignora si pasó o no las certificaciones.
LEY BUSCA EVITAR REGRESO DE EXFISCAL
Además, por sí misma la propuesta de Ley evita una restitución del exfiscal Jorge Winckler Ortiz, suspendido el 3 de septiembre de 2019 por la Diputación Permanente del Congreso y que, desde el 22 de septiembre, es considerado prófugo de la justicia, al igual que el exfiscal especializado anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, al emitirse una orden de aprehensión por privación de la libertad y desaparición forzada de personas en su contra por un juez de Control.
Consultado al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, exaspirante a la Fiscalía General, confirmó que, aunque eventualmente la ley lleve “dedicatoria”, los lineamientos no aplicarían a Jorge Winckler Ortiz.
El jurista recordó la máxima del derecho que indica que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de justiciable alguno, Winckler incluido.
Si bien es cierto que las leyes se aplican bajo esa condición en beneficio de las personas, aunque Verónica Hernández pudiera tener acceso a esos beneficios, también se establecen condiciones para la permanencia, incluidos en el 126 fracción IV, que claramente indica que deben ser aprobados los procesos de certificación.
“Y nadie sabe si la fiscal pasó los exámenes de confianza”, remata el abogado.
A pocos días de ser retirado del cargo, el exfiscal ha enfrentado diversos requerimientos; el 7 de noviembre de 2019, otro juez liberó una orden de aprehensión contra Jorge Winckler por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
Por lo anterior el exabogado del estado y sus abogados han promovido recursos de amparo, y si bien algunos han tenido éxito, otros más han sido desechados.
Es el caso del amparo 330/2020 ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Xalapa, en que Jorge Winckler impugnó el acto de destitución del cargo por parte de la Diputación Permanente, sin embargo, el órgano jurisdiccional declaró infundado el argumento.
Otro amparo desechado es el 1247/2018, con fecha 7 de diciembre de 2018, y mediante el cual Winckler Ortiz buscaba el blindaje a su cargo ante cualquier afectación a sus derechos por el nuevo gobierno, situación no concedida por el Juez 15o. de Distrito del 7o. Circuito con sede en Xalapa.
También ha recibido recursos a favor, entre estos, una suspensión definitiva contra una orden girada por un juez con sede en Pacho Viejo por el delito de tortura contra Francisco Zárate Aviña, exjefe de escoltas del anterior fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
Zárate Aviña acusa una detención ilegal, supuestamente para obligarlo a revelar en dónde se encontraba su exjefe, quien fue señalado por el delito de desaparición forzada por ordenar ocultar cadáveres hallados en la barranca La Aurora, en Emiliano Zapata.
A la fecha Bravo Contreras lleva su proceso en libertad.
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