De los más de 200 procedimientos abiertos contra jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz -durante el 2020 y lo que va de este año- sólo uno ha derivado en una sanción.
Esto a pesar de las acusaciones en contra de los funcionarios por parte del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y a que la cifra de expedientes abiertos este 2021 es similar a la del año pasado.
Al respecto, el magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura, Esteban Martínez Vázquez, reveló que los procedimientos fueron abiertos por anomalías que pueden ir desde la amonestación a la inhabilitación, aunque nada se ha concretado.
Información del área de transparencia del Poder Judicial indica que en 2020 únicamente se aplicaron 3 advertencias privadas y 2 amonestaciones públicas en contra de trabajadores, la juez Elizabeth Ramírez Salazar y el secretario de acuerdos, Anwar Yunes Morales, dentro del procedimiento administrativo sancionador número 70/2019.
Asimismo, recibieron una advertencia privada la secretaria de acuerdos Mariana Velázquez Villafuerte, la oficial administrativa Alma Janely Guadarrama Acosta y el actuario Fausto Iván Aguilar Huerta.
El Procedimiento administrativo contra Ramírez Salazar, Anwar Yunes Morales y Guadarrama Acosta, se debió a probables irregularidades administrativas cometidas en su actuar como juez, secretario de Acuerdos y Oficial Administrativo respectivamente, del juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz.
Esto, luego de que un ciudadano acusó a los servidores judiciales de atrasar los acuerdos de las promociones “con dolo y mala fe”, afectando la debida impartición de justicia.
Además, se les señaló de alterar el contenido del expediente; insertaron certificaciones de acuerdos no publicados alterando el expediente de forma grave y trasgredieron “los principios de honradez y seguridad jurídica” del proceso.
El Consejo de la Judicatura determinó como fundado el procedimiento administrativo sancionador número 70/2019-II, imponiendo a la juez una amonestación pública y nota en su expediente personal.
Yunes Morales, como secretario de Acuerdos al momento de los hechos, también recibió una amonestación pública y Guadarrama Acosta, como Oficial Administrativo, un apercibimiento privado.
En otro caso, se procedió en contra de la secretaria de acuerdos del juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánuco, Mariana Velázquez Villafuerte.
La coordinadora de la Central de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura la denunció por “posibles actos y omisiones que pudieren constituir responsabilidad administrativa, cometidas en el desempeño de sus funciones”.
En la investigación interna, se detectó dilación procesal superior a los 18 meses transcurridos en un expediente.
Así, el Consejo de la Judicatura declaró fundado el procedimiento sancionador número 84/2019-II, imponiéndole un apercibimiento privado a Velázquez Villafuerte.
Finalmente se implementó el procedimiento administrativo sancionador número 36/2019 y sus acumulados 56/2019; 57/2019; 58/2019 y 59/2019 al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acayucan, Fausto Iván Aguilar Huerta.
En este caso, el juez del órgano jurisdiccional referido, Jacinto Hernández Díaz, acusó actos u omisiones en diligencias; dilación procesal retraso en el cumplimiento de sus funciones; omisión de llevar a cabo diligencias e incumplimiento de sus funciones
El Consejo de la Judicatura determinó como infundado el procedimiento en relación con las faltas atribuidas en los acumulados 56/2019 y 59/2019 y fundados en el número 36/2019 y sus acumulados 56/2019; 57/2019; 58/2019 y 59/2019, imponiéndole un apercibimiento privado.
Todas las sanciones fueron impuestas cuando la destituida magistrada, Sofía Martínez Huerta, fungía como presidenta del Consejo de la Judicatura; del 2021 no existen detalles de los casos.
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