XALAPA, VER.- La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), María Concepción Flores Saviaga, ha estado en el ojo público prácticamente desde el inicio de su carrera; considerada como “aliada priista” del gobernador Fidel Herrera y luego del mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares, ha intentado en diversas ocasiones ser la presidenta del Tribunal y Consejo de la Judicatura, sin que hasta el momento haya obtenido el respaldo necesario para serlo.
En los últimos dos años el Poder Judicial en Veracruz ha transitado por 2 etapas convulsas y la togada ha ofrecido declaraciones polémicas yéndose en contra de las últimas titulares de esta institución autónoma; en un caso impulsó la revocación de la magistrada Sofía Martínez y a la fecha pide “la renuncia” de Isabel Romero Cruz, afirmando que resultó “peor” que su antecesora.
Ante un déficit de 500 millones de pesos en el presupuesto del sistema judicial para lo que resta de 2021 y un pleno dividido luego de que se descontaron prestaciones a magistrados, lo que ocurre por primera vez en la historia de la institución, a la fecha está sobre la mesa un nuevo cambio en la presidencia según fuentes al interior del Poder Judicial.
A inicios de 2018 el Consejo de la Judicatura jubiló a Isabel Romero, junto con otros 15 jueces, al alcanzar el límite de edad de 65 años. El gobernador, Cuitláhuac García, la sacó del retiro y la propuso para el cargo de magistrada, que tiene una edad límite de 70 años, los cuales cumplirá en 2022.
Ante su próximo retiro, magistrados ya analizan impulsar a una nueva presidenta o presidente, por lo que Romero Cruz podría concluir su etapa de togada sin continuar en la presidencia del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
Entre quienes levantan la mano para sucederla se encuentra de nuevo Flores Saviaga, así como el magistrado Esteban Martínez Vázquez, quien tomó una postura moderada y sostiene públicamente que la institución no está en crisis y únicamente implementó un “plan de austeridad” ante el desbalance financiero, aunque exhibiendo que no existe un consenso en el pleno ante los recortes implementados al detallar que 21 de 30 magistrados están dispuestos a reducir sus percepciones.
DECLARACIONES POLÉMICAS
A la fecha Flores Saviaga es más reconocida por sus declaraciones en contra de los presidentes del TSJ que por su paso como titular de la Octava Sala en Materia Familiar. Desde que llegó al cargo ella no ha dudado en exponer irregularidades de distintos magistrados presidentes, desde Alberto Sosa Hernández, Edel Humberto Álvarez Peña, Martínez Huerta y ahora Romero Cruz.
Si bien llegó al Tribunal en 1997, no fue sino a hasta el 1 de octubre de 2004 que su nombre tomó especial relevancia cuando la Sala Electoral de TSJ del Estado otorgó la constancia de mayoría al entonces candidato de la coalición “Fidelidad por Veracruz”, Fidel Herrera Beltrán, como gobernador electo.
La magistrada Flores Saviaga estaba adscrita como presidenta de la sala y junto con el magistrado Emeterio López desecharon los recursos de impugnación a los comicios de ese año “por causal abstracta”, relacionados con violación a los principios de legalidad, equidad e imparcialidad en la contienda y que fueron promovidos por la oposición en contra del resultado. Los magistrados consideraron que estos principios sólo aplicaban para la elección municipal y de diputados y no para la gubernatura. Ese día el candidato priista se alzó como gobernador electo con 962 mil 187 votos.
La magistrada fue señalada desde entonces de verse privilegiada por su cercanía con el gobernador en turno. En 2007, como vocal de la Sala Electoral logró dos amparos en contra de una sanción que le impuso el Pleno del Consejo por resolver un expediente civil fuera del plazo legal; un año antes el pleno determinó suspenderla un mes como sanción, pero esta logró acreditar que era “material y humanamente imposible resolver en un mes 600 expedientes”.
La magistrada, que además imparte clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), es dueña y rectora de la Universidad Politécnica de Veracruz; en 2009 un grupo de estudiantes exigieron que diera a conocer el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de las licenciaturas que ofrecía, incluso señalaron que el 70 por ciento de los alumnos eran trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, que eran obligados a entrar a esta institución privada.
En 2013, como magistrada visitadora buscó ser nominada para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y aunque se autonominó no consiguió que ninguno de sus compañeros la respaldara. Por esta razón el magistrado presidente Alberto Sosa Hernández permaneció en el cargo tres años más.
La postura de Flores Saviaga fue que Sosa Hernández compró votos de sus pares y prometió presentar documentos en los que figuraban supuestas transferencias bancarias a favor de sus compañeros que avalaron la reelección
Posteriormente, en 2016, la magistrada salió en defensa del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, ante rumores de que por investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República no podría asumir el cargo. Flores Saviaga, señalada por ser del equipo político del panista, aseguró que no había ninguna disposición legal que pueda obstaculizar su toma de protesta como Gobernador Constitucional del Estado, lo que resultó cierto.
“A esta conclusión se llega, pues el ahora gobernador electo, no puede ser vinculado a ningún proceso, por su calidad de Diputado Federal con licencia, es decir, si la autoridad ministerial envía una consignación a un juzgado federal, solicitando una orden de vinculación a proceso, esta sería desacertada pues se estaría violando lo establecido en los artículos 111 y 112 párrafo segundo de la Carta Magna Federal”, señaló en un posicionamiento que fue reproducido en varios medios de comunicación.
Sin embargo, durante este bienio la magistrada fue señalada por recibir favores del Poder Ejecutivo, sin embargo, durante este periodo fue designado Edel Álvarez Peña como magistrado presidente del Tribunal.
De la gestión del expresidente Concepción Flores insistió en que hubo malos manejos financieros especialmente en la construcción de las llamadas ciudades judiciales, proyecto iniciado con Álvarez Peña, argumentando que estaban envueltas en un velo de corrupción y lo acusó de no aplicar los recursos federales que recibió el Poder Judicial para innovar en materia digital. Un año antes, se enfrascó en una discusión con él por no adscribirla a la Sala que hoy ya preside, desacatando con ello supuestamente una sentencia de 2017.
ARREMETE CONTRA PRESIDENTAS
Tras la designación de Sofía Martínez Huerta como magistrada presidenta del Tribunal, circuló un audio de una llamada realizada en 2020 entre Martínez Huerta y Flores Saviaga en la que le pide a la presidenta del Tribunal Superior que le girara un oficio donde se detallara la adscripción a la Octava Sala de la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, hecho que se suscitó en el contexto de destitución y retiro forzoso de otros magistrados, en este caso, Roberto Dorantes Romero.
En el audio, Martínez Huerta le advierte que no solo no giraría tal oficio, sino que le recordó que era su obligación como integrante de la Sala recibir a quien se adscribiera a ella, ante lo cual Flores Saviaga le respondió que le estaba pidiendo que lo hiciera formalmente, acusándola de negarle la información que le había pedido en la sesión del pleno.
Durante el juicio político contra Sofía Martínez y su posterior remoción del cargo, la magistrada —que cuenta con posgrados en las especialidades en Derecho fiscal, del IIJ de la UV; en Derecho Administrativo y Constitucional, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es Doctorando en Derecho, avalado por la Universidad de Almería, España y la Universidad de Xalapa (UX) -- respaldó en todo momento el proceso, pese a que en diversas ocasiones había pugnado por la llegada de una mujer al máximo tribunal del estado.
Ahora, con apenas nueve meses en el puesto, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz también está en la mira de Flores Saviaga, tal como sus antecesores. EN su caso la acusó de no defender la autonomía de la institución, por tanto, pidiéndole su renuncia.
Y es que a pesar de que en un inicio le brindó su apoyo, ahora calificó como “un error” el haberla “ungido” con este nombramiento, que ocurrió horas después de que se quitara del puesto a Sofía Martínez Huerta en octubre de 2020.
Acusó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) controla al Judicial, al permitir la llegada de Joana Marlen Flores, exsecretaria particular del Subsecretario Eleazar Guerrero, cercano al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Sus detractores afirman que la molestia de Flores Saviaga se centra que en ha pedido privilegios que tenía durante otros Gobiernos, como un sueldo superior a los 300 mil pesos mensuales, asignación de personal de escolta para resguardar su seguridad.
A ello se suma un documento que supuestamente enviaron trabajadores a su cargo a la titular del TSJ, en el que le expusieron presuntos actos deshonestos. Según el oficio de fecha 18 de febrero de 2021, Concepción Flores ha presionado a empleados para que le den la cantidad de diez mil pesos mensuales de su salario para sufragar gastos operativos de los juzgados, por lo que solicitaron el cese de dicho “hostigamiento laboral”.
La magistrada ha advertido igualmente que promoverá los amparos necesarios para evitar a toda costa que su salario y bonos sean tocados para subsanar el boquete financiero del Poder Judicial, pues dijo que estos son “irrenunciables”. Hay que destacar que al sueldo que ostenta como magistrada, que no es público en la Plataforma Nacional de Transparencia, se suma su sueldo bruto de 49 mil 926.84 pesos que devenga como catedrática de la Universidad Veracruzana.
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