Xalapa, Ver.- La propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que presentó el partido Morena tendría un impacto en los dos colegiados más importantes de dicha soberanía que son el Pleno y el Consejo de la Judicatura, responsables de administrar los recursos, vigilar y disciplinar a jueces y magistrados.
Las decisiones -que impactarían en el trabajo de 33 magistrados- las tomarían sólo tres personas representadas en ambos órganos, lo que es contrario a la regla de mayoría, precepto legal que busca que la toma de decisiones de dicho poder, y de todos los órganos jurisdiccionales, se dé por el mayor número de sus integrantes.
La académica de la Universidad Veracruzana (UV), Sídney Marcos Escobar y el abogado Arturo Nicolás Baltazar, coincidieron que la propuesta debilita al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y tiene una connotación política.
La intención según lo publicado en la Gaceta Legislativa, explican, es restarle atribuciones a la Presidencia y con ello minar la autonomía de la autoridad, para que Morena logre tener el control de todos los poderes públicos en el Estado, coincidieron.
La iniciativa a la que se le dio entrada este 28 de julio y que se turnó a comisiones, resulta inconstitucional y confirma la ruptura entre los grupos políticos del partido en el poder que buscan disminuir las atribuciones de la magistrada, Sofía Martínez Huerta, primera mujer presidenta, y así enmendar el error de nombrarla, opinaron.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS
El diputado Raymundo Andrade Rivera, que integra el grupo mayoritario de Morena presentó una propuesta de decreto que plantea cambios a cinco artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que adiciona otro, que busca crear la figura de vicepresidente, quien podría suplir en sus funciones, al menos en la reunión de Pleno y Consejo de la Judicatura, a Sofía Martínez.
Su presentación en las reuniones de trabajo ya no sería necesaria o imprescindible, pues alguien más podría asumir la toma de decisiones, con el aval de dos magistrados más.
Actualmente la ley establece que el Pleno se compondrá por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y por los presidentes de cada una de sus Salas colegiadas. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá reunir, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes, entre los que deberá estar presente su presidente.
La propuesta de cambio establece lo siguiente: Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá reunir cuando menos, a tres de sus integrantes, cuya mayoría será suficiente para la legalidad de sus acuerdos y resoluciones”.
La académica de la Universidad Veracruzana, Sídney Marcos Escobar, explicó que el Pleno se integra por ocho magistrados, más el presidente del TSJE. La propuesta de Morena busca que la toma de decisiones del órgano se limite a la opinión de tres personas y no de nueve, como ocurre en la actualidad.
El Pleno es un órgano que toma acuerdos para la impartición de justicia, según la ley, son los responsables de elegir a su presidente del TSJE; adscribir a los magistrados a los Tribunales y Salas; distribuir las cargas de trabajo y conceder los permisos o licencias que soliciten los magistrados o consejeros; y nombrar, mediante votación secreta, a dos magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, entre otros temas.
“El primer artículo es el 12, el que se quiere reformar, ese se refiere al Pleno, ese pleno se integra con los presidentes de Sala, incluida la magistrada presidenta, ahí son 9 magistrados (…) y la propuesta dice, para el ejercicio de sus atribuciones el pleno tendrá que reunir al menos a 3 de sus integrantes”.
Lo planteado es ilógico, pues la mayoría simple sería de cinco, y ahora buscan que sólo tres personas puedan tomar decisiones por 33 magistrados que integran el Poder Judicial, “es evidente el manejo que quieren hacer del pleno del Tribunal de Justicia”.
SOFÍA MARTÍNEZ NO PODRÁ TOMAR DECISIONES
El cambio al artículo 33 se refiere al Consejo de la Judicatura, a las atribuciones de la presidenta que en este momento puede proponer al Consejo de la Judicatura el nombramiento del secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios y demás personal del Tribunal.
Morena plantea que Martínez Huerta puede proponer al Consejo de la Judicatura, para su aprobación, el nombramiento del secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios y demás personal del Tribunal.
La académica planteó que con el cambio le quitan el derecho a la presidenta del tribunal, pues ahora su propuesta tendrá que ser validada por la mayoría, incluso, solo por dos magistrados más.
“De alguna manera le disminuyen sus atribuciones. Y si no están de acuerdo con esa propuesta se desecha, y proponen la de ellos; ahí viene un tema de mayoría política”.
VICEPRESIDENCIA DESVANECE LA FIGURA DE LA PRESIDENCIA
El otro cambio que se esboza es al artículo 100, que se refiere al trabajo del Consejo de la Judicatura, colegiado encargado de administrar, revisar la disciplina de jueces y magistrados. Se integra con dos magistrados, la presidenta y dos consejeros que son designados por el poder Legislativo y el Ejecutivo, “ese grupo tiene mucho poder”.
El artículo establece que las sesiones del Consejo de la Judicatura serán públicas, salvo aquellas en las que la naturaleza del asunto requiera que sean privadas a juicio del Consejo. Para que pueda sesionar válidamente el Consejo, deberán estar presentes por lo menos tres consejeros y el presidente.
Morena plantea que las decisiones de esos tres integrantes serán suficiente para avalar la legalidad de sus acuerdos y resoluciones.
Además, se agrega el artículo 106 bis, en el que crea la figura de un vicepresidente del Consejo, quien, ante la ausencia del presidente en alguna sesión, se elegirá de entre los miembros y solo fungirá por esa ocasión.
El Consejo de la Judicatura, previa petición de su presidente o a solicitud de al menos dos de sus miembros podrá convocar a sesión.
En esos casos, explicó la catedrática, se le quita valor a la Presidencia, pues cualquiera podrá asumir su función, incluso, podrán convocar a una reunión de trabajo sin su autorización y sin su presencia.
“Aquí con el 106 lo que se advierte es que la figura de la presidencia es innecesaria y eso es una aberración jurídica porque entonces qué caso tiene que en esos órganos colegiados haya una persona que decida (…) el trasfondo es un tema político”.
MORENA BUSCA DEBILITAR AL TSJE
El abogado Arturo Nicolás Baltazar, opinó que la propuesta de cambios a la ley que rige la vida interna del poder judicial es un retroceso. Destacó que el principal error fue nombrar a Sofía Martínez Huerta, quien no tiene la capacidad y el liderazgo para estar al frente de dicha soberanía.
Ahora se busca enmendar un error con una reforma que complicará aún más la administración de justicia para los veracruzanos, “se está debilitando al poder judicial, cuando lo que se tenía que hacer era fortalecerlo”.
Para mejorar el trabajo de dicho órgano se debe elegir a jueces y magistrados con perfil, la preparación y la carrera judicial, y no sólo nominar a personajes como un favor político, mencionó el abogado.
“(La reforma) es inconstitucional, atenta contra la autonomía de poderes; un poder fundamental queda debilitado al no tener un representante ante la sociedad; la propuesta plantea que la Presidencia quede como una figura decorativa”.
Más allá de nombrar a una mujer o a un hombre, lo importante es nominar y nombrar a personas con la capacidad, porque en este momento Veracruz esta a la deriva, no hay garantías para administrar justicia, “ante la pandemia la presidenta, con todo respeto, hizo como el avestruz, escondió la cabeza”.
Cuando lo que se requería era diseñar una estrategia que permitiera atender a la población, con las medidas sanitarias que garantizaran la salud de funcionarios del poder judicial y de quien busca justicia.
ygr