LA PAZ.- El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto de una serie de actos ilegales perpetrados por el Congreso local.
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“Tras varios meses de analizar las controversias constitucionales que como gobernador promoví en contra del Congreso del estado e, incluso, los que los propios diputados de Morena promovieron en mi contra, la Suprema Corte determinó que asiste la razón al Poder Ejecutivo”.
En torno al veto, al no publicar en el Boletín Oficial del Estado los acuerdos, decretos y leyes que emitieron las dos mesas directivas —las cuales se formaron al nombrarse suplentes durante los conflictos de 2020—, se determinó que fue legal, ya que lo aprobado por ambos grupos carecía de validez legal.
Además, se demostró que el Poder Ejecutivo de Baja California Sur cumplió con la transferencia de recursos, garantizando el pago oportuno de las dietas para cada uno de los 21 legisladores y el funcionamiento del Congreso.
La Suprema Corte determinó que el Congreso debe conformarse con los 21 diputados que fueron electos y tomaron protesta; asimismo, el legislativo deberá reanudar la sesión del 17 de marzo de 2020, la cual fue presidida por la diputada Daniela Rubio Avilés.
En cuanto a las controversias promovidas por el Poder Legislativo contra los vetos ejercidos a la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos, Mendoza Davis reveló que se negó la suspensión de los actos, sugiriendo que se desecharán al resultar improcedentes.
Los diputados de Morena siguen queriendo entorpecer la vida institucional del Estado, cuando se denota la mala fe de sus acciones, pues al mismo tiempo que promovieron la controversia constitucional, se encontraban en sesión votando los propios vetos cuya validez controvirtieron ante el más alto tribunal del país
Por último, el gobernador de Baja California Sur hizo un llamado para que acaten, en sus términos precisos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de no hacerlo se cae en un delito