Para Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, falta sensibilidad por parte de autoridades ministeriales y judiciales en torno a casos como el feminicidio de Monserrat Bendimes, debido a la negativa por proporcionar información que no afecte el debido proceso y las investigaciones.
“Creo que la fiscal general del estado, creo que inclusive hasta el propio ejecutivo, con un poco de sensibilidad política sí podrían salir a una rueda de prensa a narrar un poco de lo que está aconteciendo, reservándose el derecho a proporcionar información que sea confidencial”, declaró.
De acuerdo con el expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, es contradictorio que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Poder Judicial reserven información cuando en mayo de 2021 se difundieron datos de Marlon Botas Fuentes, presunto feminicida de Monse Bendimes.
“Eso es completamente contradictorio y para que esas contradicciones generen polémica, descontento y que la sociedad siga hoy enardecida reclamando justicia, pues yo creo que con sensibilidad política la fiscal general de justicia podría salir a anunciar datos que considere prudentes para informar a la sociedad.
Yo creo que todos los ciudadanos estamos muy al pendiente de temas como este y otros casos que son conocidos que han causado un impacto en la sociedad y no digo que otros no causen un impacto, sino que no son, desafortunadamente, tan conocidos”, expresó.
Aunque el feminicidio de Monserrat Bendimes es uno de los casos que más llamó la atención en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en 2021, existe poca información acerca de las investigaciones que realizan autoridades ministeriales y judiciales del estado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene hermética sobre las investigaciones que realiza en torno al caso y, en casi siete meses desde el feminicidio de Monse Bendimes, solo hizo pública una imagen de recompensa por el paradero de Marlon Botas Fuentes, presunto feminicida de la joven.
El mismo hermetismo se vive al interior del Poder Judicial luego de que las audiencias iniciales en contra de los padres de Marlon, Diana Elizabeth y Jorge Ignacio N, detenidos el pasado 5 de noviembre, se llevaron a cabo a puerta cerrada.
Apenas la tarde de este jueves 11 de noviembre, La Silla Rota de Veracruz dio a conocer que los papás de Marlon Botas Fuentes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de feminicidio en contra de Monse Bendimes.
De acuerdo con Luis Alberto Martín Capistrán, existe legislación que permite que las autoridades ministeriales y judiciales resguarden información del proceso penal en aras de no entorpecer las investigaciones.
“Cualquier fuga de información pone en riesgo la investigación, pero pone en riesgo también el hecho de que se pueda sustraer de la acción de la justicia, o en el caso de Marlon que no se le pueda aprehender, que es lo que se está buscando”, dijo.
El artículo cuarto de la Ley Orgánica de la FGE Veracruz da facultad a la autoridad ministerial para apegarse al principio de reserva y se evite que la información de los procesos penales sea pública.
Según la ley, todas las actuaciones de investigación serán reservadas, salvo para el ofendido, víctima, representantes u abogados y para el inculpado o su defensor, quienes tendrán acceso a la carpeta de investigación del caso en cuestión.
“La Fiscalía General cuidará que la información que deba proporcionar no lesione el honor, ni los derechos de las personas involucradas en la investigación, ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen”, cita el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la FGE.
“Yo creo que una vez que se detenga a Marlon podremos tener conocimiento cierto de todas y cada una de las actuaciones”, opinó Luis Alberto Martín Capistrán.
Sobre la restricción de acceso al público a las audiencias penales, Martín Capistrán afirmó que se debe a la vigente pandemia de la covid-19 y, en este caso particular, para que se evite que se filtren datos que ayuden a que Marlon Botas siga prófugo de la justicia.
“Estos principios actores del procedimiento tanto en la investigación como en lo jurisdiccional son para proteger los datos personales de aquellos que resultan afectados en un proceso o aquellos que pueden resultar beneficiados”, comentó el abogado.
Sin embargo, la restricción de acceso a las audiencias se registró desde antes del inicio de la pandemia de la covid-19 y contraviene al artículo 16 al Código de Procedimientos Penales del estado de Veracruz.
El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales hace referencia al principio de publicidad, que dicta que las audiencias serán públicas con el fin de que accedan a ellas cualquier persona que lo desee y no solo las partes involucradas.
Sin embargo, tiene ciertas excepciones cuando se trata de salvaguardar la seguridad pública, la protección de las víctimas, los testigos y los menores de edad, o cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos.
Adriana Fuentes Equifonía, asesora jurídica de Equifonía AC, consideró que no existe falta de transparencia de la FGE pues el organismo informa diariamente sobre sus asuntos a través de sus distintas plataformas.
De acuerdo con la coordinadora de Equifonía AC, tanto las autoridades como los medios de comunicación deben tener cuidado sobre lo que se publica y cómo se informa para evitar el entorpecimiento de las investigaciones.
Opinó que, si las autoridades publican información sobre el caso, con el cuidado de no violar el proceso, darán un mensaje que no se permitirá la impunidad en torno a los feminicidios.
“Nos va a dar también elementos para mandar un mensaje de no permisividad a las personas que han cometido un hecho delictivo como los feminicidios”, dijo.
El caso Monse
Monserrat Bendimes Roldán, quien era una estudiante universitaria, murió el pasado 23 de abril en un hospital privado de Boca del Río tras sufrir una agresión de la que se acusa a su entonces novio Marlon Botas.
El presunto feminicida la habría golpeado en su domicilio causándole fracturas en el cuello, la columna y otras heridas en diversas partes del cuerpo que la mantuvieron seis días en terapia intensiva, hasta su muerte.
La noche del 23 de abril, tras la muerte de Monse, familiares y amigos se manifestaron en diversos puntos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con la finalidad de exigir justicia por el feminicidio de Monse, entre ellos en la taquería Rosso, ubicada en la Plaza Veleros, propiedad de los padres de Marlon.
El sábado 1 de mayo, la policía ministerial de Veracruz cateó dos casas ubicadas en el fraccionamiento La Tampiquera y la colonia 1 de mayo, en Boca del Río, de los padres de Marlon N, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Dentro de una de las casas se encontró al padre de Marlon, Jorge Ignacio Botas, quien fue fotografiado sonriendo mientras recibía la orden de cateo con la que el personal de la fiscalía ingreso a las propiedades.
El 12 de mayo el Congreso del Estado autorizó a la FGE el ofrecimiento de 250 mil pesos de recompensa a quienes dieran información que ayudara a la ubicación y detención de Marlon Botas Fuentes.
Tras casi siete meses del feminicidio de Monse, los padres de Marlon N fueron detenidos la noche del 5 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, por elementos ministeriales de esa entidad.
Inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía Regional Zona Centro ubicada en la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la que arribaron la madrugada del sábado 6 de noviembre.
Ese mismo día, enfrentaron la audiencia inicial por los delitos que se les imputan en la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra la Mujer, ubicada en la colonia Vistamar, en el puerto de Veracruz.
Al término de la audiencia, elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) trasladaron a ambos acusados a las instalaciones del penal de Playa Linda.
Este jueves 11 de noviembre fueron vinculados a proceso, por lo que permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante tres meses hasta su próxima audiencia, en lo que se llevan a cabo las investigaciones complementarias.
Otros casos de violencia empañados por opacidad
Además del caso Monse, en 2021 se registraron otros casos de violencia en los que la Fiscalía General del Estado tampoco aportó información concisa y en los que el Poder Judicial también restringió el acceso a las audiencias.
Karla Pulido
Uno de ellos es el caso de Karla Pulido, quien fue atacada a martillazos la mañana del 31 de agosto en su domicilio, ubicado en el callejón Manuel Contreras de la coloniza Zaragoza, a pocas cuadras del centro histórico de Veracruz.
De la agresión se culpa a su exnovio, Ernesto T., quien fue detenido el pasado 17 de septiembre ene el Centro Integral de Justicia por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Karla Pulido.
Pese a que se dio a conocer su detención, la FGE no aclaró si Ernesto T. fue capturado o se entregó, como se dijo en medios de comunicación locales. Tampoco aportó más información después de su vinculación a proceso el pasado 23 de septiembre.
Martha
Aunque la FGE logró que un juez de control dictara prisión preventiva a Iván N, presunto feminicida de Martha, asesinada en Boca del Río el pasado 9 de agosto, las investigaciones del caso se mantienen herméticas.
La audiencia de vinculación a proceso de Iván N también se llevó a cabo a puerta cerrada poco antes de la tercera ola de la covid-19 en la zona conurbada Veracruz -Boca del Río.
Martha habría sido apuñalada por su expareja Iván N en la esquina de las calles Revolución y Allende, en la colonia centro de Boca del Río, cuando se dirigía a su trabajo, según testigos que presenciaron el asesinato de la mujer de 34 años.
Aunque el presunto culpable intentó huir corriendo, dejando a Martha desangrándose por las tres puñaladas que le causó en el tórax, el cuello y la muñeca izquierda, fue retenido por personas que se encontraban en el lugar.
En este caso, grupos feministas recriminaron que fue la ciudadanía quien logró la detención de Iván N y no los cuerpos policíacos.