VERACRUZ (La Silla Rota).- Efraín Martíz Aguirre, padre de Gibrán Martíz Díaz -excantante de la Voz México asesinado en 2014- se apersonó en la Fiscalía de Veracruz para ampliar una denuncia contra Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, a quién responsabiliza del secuestro y la muerte del joven de 22 años.
De acuerdo el padre, las pruebas que aportará a la Fiscalía General del Estado (FGE), son las mismas que entregó al organismo dirigido en 2014 por Luis Ángel Bravo Contreras y que fueron desestimadas para proceder contra el exsecretario por el delito de desaparición forzada de personas.
“Mi hijo estuvo 13 días detenido ilegalmente en la academia de policías de El Lencero (en Emiliano Zapata). Hay pruebas en el GPS de su teléfono y no fueron consideradas por la Fiscalía con Luis Ángel Bravo”, señaló Efraín Martíz.
Gibrán Martíz y un acompañante (menor de edad) fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados el 18 de enero de 2014; sus cadáveres fueron hallados en un paraje de Puente Nacional, a 55 kilómetros del puerto de Veracruz. Ambos presentaban el tiro de gracia y rastros de tortura, como golpes y descargas eléctricas.
De acuerdo con investigaciones, el día de la desaparición, Gibrán se reunió con un joven de nombre Luis Eduardo Caballero, originario de Alvarado, quien tuvo una discusión en una discoteca con el hijo de Bermúdez Zurita, apodado “El Pimpón”.
“A Luis Eduardo le dieron un tiro en la cabeza y mi hijo y a su acompañante los privan de su libertad; se los llevan solamente por haber presenciado los hechos”, recriminó el padre.
En las pruebas que Efraín Martíz entregará al Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, se encuentra la última geolocalización de Gibrán Martíz Díaz, que fue en el fraccionamiento Ánimas, a unos metros del domicilio de Arturo Bermúdez Zurita.
“Nada de eso se investigó. Esta persona (Bermúdez Zurita) que estaba encargado de la Policía Estatal está preso y yo lo que vengo a hacer es una denuncia directamente porque estuvo involucrado con todo este tema y más desapariciones en Veracruz”, refirió Efraín Martíz.
Por esos hechos, siete policías estatales fueron detenidos: Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, Iván Cortés Espíritu, Mauricio Rodríguez Santiago y Abel Bruno Martínez. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 los siete obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza por cinco mil pesos.
En los señalamientos de Efraín Martíz, advierte que también estaría involucrado Vito Lozano Hernández, ex abogado del congreso de Veracruz, quien habría irrumpido en la audiencia de los siete policías imputados y negociado su libertad (con un pago de 25 mil pesos) con el juez de control, Florencio Hernández Espinoza.
“Hay fotos que (Vito Lozano) entra a la oficina del juez. Hay fotografías. El juez me saca del juicio porque me dijo que el delito contra los policías era por abuso de autoridad y que mi hijo era el único que podía estar presente. Yo le dije que lo habían asesinado y me contestó que entonces le enseñara el acta de defunción”, recuerda Efraín Martíz.
Otro de los señalados en esta ampliación de denuncia, es el diputado federal priista, Erick Lagos Hernández, a quien, según señalamientos de sus propios colaboradores de la Secretaría de Gobernación, habría hecho perdidizos entre 3 y 5 millones de pesos que Javier Duarte ordenó entregar a la familia Martíz Díaz.
“Duarte ofreció como ayuda un pago, que yo aceptaría siempre y cuando fuera bajo un esquema legal, no como si me dieran dinero en efectivo para callarme. En ese inter, gente de Marlon Ramírez (subsecretario de gobernación) señala que el último que vio ese dinero fue Érick Lagos, entonces secretario de gobierno”, explicó el padre.
La obligación de entregar esa indemnización a los deudos, surge de una recomendación (14 /2015) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNNDH, misma que exhortó al entonces secretario de Seguridad Pública establecer garantías de no repetición en este tipo de casos.
Algunas de las pruebas mencionadas, dijo, habrían sido desaparecidas, por lo que de comprobarlo con copias del expediente que obran en su poder, procedería contra funcionario de la Fiscalía veracruzana, entre ellos el anterior Fiscal, cercano a Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras.