Veracruz (La Silla Rota).-Madres de desaparecidos documentaron que el rancho La Gallera -reconocido por autoridades federales como zona de fosas clandestinas- cumple 100 días en el abandono; ello a pesar del compromiso del Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, de “solicitar inmediatamente el resguardo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
El pasado miércoles 7 de junio, integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera proyectaron ante Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, fotografías de restos óseos, prendas de diferentes tallas y un horno atestado con cenizas que fueron hallados en una diligencia civil el 01 de marzo de 2017, y que desde entonces permanecen expuestos a la fauna nociva (animales de carroña).
Ante dichos reclamos de parte de las víctimas, Campa Cifrián aseguró que la primera acción de la Fiscalía respecto al tema sería resguardar el rancho, ubicado en Tihuatlán, al norte de Veracruz. “El fiscal nos anunció que estaría solicitando inmediatamente una vez más el resguardo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, señaló en entrevista.
Por su parte Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, dijo “tenemos que cuidar la cadena de custodia y todo el proceso porque se trata también de encontrar a los responsables”.
Sobre este tema, Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista, advirtió: “el abandono de hallazgos, en un caso extremo, podría modificar el estado de la evidencia de tal forma que pierdan su eficacia para acreditar los hechos en un proceso; con esto ayudan a la defensa de los imputados para que les resulte muy sencillo argumentar que se trata de evidencia sembrada”.
Luego de que Roberto Campa, confirmó que la PGR intervendrá en el caso La Gallera, las madres del colectivo María Herrera acudieron al predio para comprobar el resguardo policial del sitio, que sería la primera acción a cargo de las autoridades estatales. Sin embargo, el resultado no fue el esperado por las víctimas.
“Cuarenta y ocho horas de haber tenido la reunión con el licenciado Jorge Winckler y Roberto Campa. Dijeron que iban a reguardar el terreno de la Gallera y hasta ahorita no ha venido ninguna autoridad. Seguimos sin respuesta”, espetó una madre del colectivo con sede en Poza Rica, quien solicitó el anonimato.
Al día de hoy, el acceso al rancho se vuelve sencillo para cualquier visitador debido a que la cinta amarilla que prohíbe el paso apenas es sostenida por dos árboles. En la primera habitación permanece intacto un horno del tamaño de una recámara donde un ejército de moscas verdes se regodea entre cenizas. Cenizas que hay en el interior del horno y regada sobre el piso.
En un cuarto contiguo al horno se dividen tres habitaciones donde las madres presumen eran escondidos las víctimas a partir de que, según información de la Fiscalía, presuntos delincuentes se apoderaron del rancho, en 2011.
En la pared de una habitación se aprecia el rastro de cuatro dedos marcados con un rojo escarlata que huele a sangre. Y que, de acuerdo con las madres, de ahí las víctimas eran arrastradas hasta el patio trasero, donde eran sepultadas clandestinamente.
En el patio que hoy es poblado por hormigas y reptiles, se miran tres fosas donde el 1 de febrero de 2017 fueron encontrados los cadáveres de cinco hombres y una mujer. Las madres lamentan que alrededor de las excavaciones haya 22 puntos donde ellas encontraron restos óseos, incluido el cráneo de un menor de edad, y que no han sido explorados por la autoridad.
“Nos pueden robar alguna muestra, algo que nos indique que aquí estuvieron nuestros hijos que están desaparecidos. Nosotros queremos encontrarlos y si la Fiscalía no nos da respuesta que nos dejen entrar a nosotros y hacemos el trabajo de ellos”, insistió la madre del colectivo María Herrera.
En tanto, el resto de sus compañeras lamentaron que en el terreno permanezcan vestidos de mujeres, cinturones de cuero, zapatos que no superan los 22 centímetros, maletas de viajes, así como autopartes de vehículos.
Las mujeres aseguran que seguirán montando guardias hasta que la Secretaría de Seguridad Pública se apersone en el rancho la Gallera. “Queremos que alguien de la cara por esta irresponsabilidad. Creímos que al enterarse de esto Roberto Campa las cosas sería diferentes, pero ya vemos que no fue así”, sentenciaron.