Les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles y les sigue fallando al no hacerles justicia.
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En poco más de una década han sido asesinados 12 personas, familiares de víctimas de desaparición forzada, cuyo único delito fue salir a las calles ante las omisiones de la autoridad.
De estos homicidios, tres ocurrieron en 2010 y 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón; en el gobierno de Enrique Peña Nieto mataron a por lo menos cinco personas buscadoras (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), y en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador han sido cuatro las víctimas documentadas: uno en 2019 y tres en este 2021.
Los estados donde han sido asesinadas estas otras víctimas han sido Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
Estas son historias contadas por Analy Nuño, del proyecto A dónde van los desaparecidos, de cada una de las víctimas que fueron asesinadas mientras intentaban hallar a un familiar desaparecido, principalmente en entidades azotadas por la violencia de los cárteles de las drogas.
En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa.
La mayoría de estas y estos buscadores, antes de su muerte había investigado el paradero de sus familiares. En su búsqueda recorrieron los circuitos de la desaparición en México, descubrieron y destaparon campos de exterminio, casas de seguridad donde retienen personas, fosas clandestinas y entramados de complicidades. Valientes, denunciaron a los criminales; en cuatro casos, los perpetradores eran funcionarios públicos (fiscales, militares, policías, autoridades municipales) o estaban coludidos.
MARISELA ESCOBEDO ORTIZ
El 16 de diciembre de 2010, al terminar una protesta para exigir justicia para su hija, Marisela Escobedo Ortiz, de 52 años, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
En agosto de 2008, su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza, su compañero sentimental, quién después de quitarle la vida, desapareció el cuerpo y le aseguró a la familia que Rubí lo había abandonado.
Casi un año después, se logró que Barraza fuera detenido y enjuiciado. Sin embargo, fue declarado inocente a pesar de que confesó el homicidio y señaló el lugar donde quemó y se deshizo del cuerpo de Rubí: en un tiradero clandestino de desechos de puercos. Los restos nunca fueron encontrados.
Ante la inacción de las autoridades, Marisela decidió hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua de donde no se movería hasta que el asesino de Rubí estuviera en prisión.
En la noche del séptimo día de protesta, mientras Marisela levantaba los carteles con sus exigencias, un hombre descendió de una camioneta con un arma y le disparó, aunque ella corrió hacia el Palacio, una bala la alcanzó y su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta en la entrada del recinto.
DON POLO
Leopoldo Valenzuela Escobar vivía en Nuevo Ideal, Durango, donde tenía una refaccionaria. El 23 de septiembre de 2010 varios sujetos encapuchados ingresaron al negocio familiar y se llevaron a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años.
Los siguientes cinco meses, con sus 80 años, Don Polo se dedicó a investigar el secuestro de su hijo e identificó con nombre y apellido a los responsables del plagio, a quienes les había entregado un millón 600 mil pesos de los 10 millones que pedían de rescate.
A pesar de que don Polo pidió ayuda al gobernador, al procurador, al Ejército, la Secretaría de Marina y al presidente, nadie le hizo caso.
La desesperación llevó a Don Polo a hacer público su caso y el viernes 4 de febrero de 2011 un comando entró a su casa. Don Polo intentó defenderse y sacó su pistola, el comando lo asesinó de varios disparos de armas AK-47.
DON NEPO
El 28 de noviembre de 2011, Nepomuceno Moreno Núñez, Don Nepo, de 56 años, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado de siete balazos, cuando viajaba en su camioneta, en Hermosillo, Sonora.
Vendedor de mariscos, participó en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde ante el presidente Felipe Calderón denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años.
El 1 de julio de 2010, Jorge Mario había viajado con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora, y antes de llegar a su hotel, la policía los interceptó y persiguió. En su huida Jorge Mario pidió ayuda en un Oxxo, desde el cual se comunicó con su padre y le alcanzó a decir lo que sucedió.
Días después el cuerpo de uno de sus amigos fue localizado sin vida, otro fue liberado con dos dedos amputados y ahora vive refugiado en Estados Unidos. De Jorge Mario y dos amigos más no se sabe nada.
Nepomuceno investigó el secuestro y desaparición forzada de su hijo y denunció que los secuestradores eran policías estatales, quienes hacían las llamadas para exigir el rescate desde un teléfono de la Procuraduría del Estado, según pudo comprobar Don Nepo.
SANDRA LUZ
Sandra Luz Hernández, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, la capital sinaloense, 25 meses después de la desaparición de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; el 12 de febrero de 2012, personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.
Después de investigar, Sandra Luz, vendedora de cosméticos por catálogo, entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, sus apodos, el lugar donde vivían y la ubicación de sus ranchos. La investigación oficial nunca avanzó.
Dos años después de la desaparición, Sandra Luz —quien ya era integrante del colectivo Madres con Hijos Desaparecidos— recibió una llamada para pactar un encuentro con un informante que supuestamente le daría información sobre la localización de su hijo. En el camino al lugar donde se encontraría con la persona, 15 disparos terminaron con su vida.
BERNARDO CARRETO
El 22 de diciembre de 2015, cuando Bernardo Carreto viajaba en su camioneta con su esposa y tres de sus nueras por el puente de Tepozcuautla, Guerrero, cuatro hombres armados le impidieron el paso, lo bajaron por la fuerza y lo asesinaron.
Siete meses antes, el 10 de mayo, cuando los tres hijos más grandes de Bernardo —Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años— iban a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas, fueron secuestrados y desaparecidos por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Tras haber acudido al Ministerio Público para dar seguimiento a su denuncia, empezó a ser amenazado mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto donde, desde un número desconocido, le exigían detener sus denuncias.
Bernardo no hizo caso a las amenazas y en una reunión señaló como responsables de la desaparición de sus hijos a Aquilino Vázquez Jiménez, líder de una organización de transporte de pasajeros de Ayahualulco; Constantino Jiménez, escolta del ex presidente municipal; José Apolonio Villanueva Jiménez, comisario de Xiloxuchicán; Ricardo Sánchez de la Cruz, ex ministerial y a Faustino Chino Mendoza.
Cuatro meses después de señalar directamente a los cinco hombres, Bernardo fue asesinado frente a su familia.
JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ
José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado el 22 de junio de 2016, mientras circulaba en su auto casi frente a la fiscalía de Veracruz, en Poza Rica. Su esposa quedó herida.
Jenny Isabel tenía 23 años, en mayo de 2011, salió a cenar con unos amigos y nunca regresó.
Arturo Bemúdez, el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Javier Duarte, ha sido señalado desde 2017 por organismos internacionales y familiares de desaparecidos por haber cometido desapariciones forzadas masivas.
MIRIAM RODRÍGUEZ
Desde 2014 Miriam Rodríguez acechó a los secuestradores y asesinos de su hija Karen Salinas Rodríguez, de 16 años, desaparecida en enero de ese año en San Fernando, Tamaulipas.
Míriam Rodríguez pidió un préstamo al banco y vendió sus bienes para pagar el rescate de su hija, pero nunca la volvió a ver. La omisión de las autoridades la llevó a fundar Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando y después de dos años de investigaciones, encontró los restos de Karen en una fosa común.
A partir de entonces investigó al grupo criminal que secuestró a Karen y se hizo pasar por personas distintas para obtener nombres, direcciones, señas particulares y acercarse a las familias de los responsables de la desaparición y asesinato de su hija.
Su investigación le permitió entregar a las autoridades la información necesaria para la captura de, al menos, nueve de los asesinos: Uriel Ulises Elizondo Soto, Cristian Josúe Zapata González, Enrique Yoel Rubio Flores, Elvia Yulossa Betancourt Castillo, Juan Carlos Flores Morales, Mario Alberto Díaz Esquivel, Elba Soto Rodríguez, Alejandra N.
En marzo del 2017, algunos de los secuestradores y asesinos de su hija se fugaron del penal de Ciudad Victoria y la noche del 10 de mayo tres de ellos ingresaron a la casa de Miriam, en San Fernando, donde la asesinaron con 12 balazos.
PABLO IVÁN MIRAMONTES
En julio de 2018 después de haber recibido una llamada telefónica de un supuesto informante sobre el paradero de su hermano, y de acudir a la cita para recibir los datos, Pablo Iván Miramontes Vargas, de 30 años, desapareció. Un mes después su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Guadalajara, Jalisco.
Pablo buscaba a su hermano César Alejandro, de 33 años, empleado en una tienda de pañales para adultos, quien desapareció en la capital jalisciense después de salir de trabajar y acudir a un bar.
Pablo había descubierto que unas personas usaban la moto en la que viajaba César al momento de su desaparición y que un policía podría haber sido cómplice. Tras denunciar estos hechos en la Fiscalía estatal, Pablo recibió la llamada del supuesto informante con quién acordó verse. Después de acudir al encuentro, no se supo nada más de él.
ZENAIDA PULIDO
Cuando se dirigía a denunciar amenazas de muerte en su contra, Zenaida Pulido Lombera, comerciante de 43 años, fue asesinada en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019.
En 2015, doce años después de la desaparición de su esposo Elidio Cisneros, a quien nunca encontró, Zenaida se unió a los colectivos de búsqueda y su activismo la llevó a presentar varias denuncias por la desaparición de personas en la región de Aquila.
Luego de encontrar la fosa clandestina, las amenazas de muerte contra Zenaida y su familia se intensificaron. Dos meses después, Zenaida fue asesinada por un comando.
JAVIER BARAJAS
Javier Barajas, 27 años, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, fue asesinado la noche del 29 de mayo de 2021 cuando caminaba por las calles del centro de Salvatierra.
Antes de formar parte de la Comisión, Javier buscó a su hermana Lupita Barajas Piña, de 32 años, maestra de una escuela rural de la comunidad de La Valencianita, Irapuato, quien desapareció en febrero de 2020, tras salir de la casa de sus padres en Salvatierra.
En octubre de ese año, familiares de personas desaparecidas localizaron una fosa clandestina de la que se exhumaron 79 cuerpos. Cuatro meses después se dio a conocer que entre los restos identificados, uno correspondía a la profesora.
La noche del 29 de mayo de este año, cuando iba a comprar su cena, Javier Barajas fue asesinado por varios hombres que le dispararon en distintas ocasiones.
ARANZA RAMOS
Un día después de participar en una jornada de búsqueda en campo, en la comunidad de Ortiz, en la que integrantes de la Comisión Local de Búsqueda y colectivos localizaron un lugar donde se realizaban asesinatos, Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora, fue asesinada.
Desde siete meses antes, Aranza, mujer de 28 años y madre de una bebé de dos años, buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya, desaparecido el 6 de diciembre de 2020, en la comisaría de Ortiz, en el Valle de Guaymas, Sonora.
La medianoche del 15 de julio un grupo armado ingresó a su vivienda y se la llevó por la fuerza frente a su madre, su hermana y su hija. Minutos después su cuerpo fue localizado sin vida en la entrada de la comunidad de Ortiz.
JOSÉ NICANOR ARAIZA
El 22 de julio, José Nicanor Araiza Dávila fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas. Cinco días después, su cuerpo fue localizado sin vida en una brecha de terracería al norte del estado.
Nicanor buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, 27 años, a quien vio por última ocasión el 30 de septiembre de 2018. Después de recibir una llamada, salió de casa y no volvió.
Al no ver avances en la búsqueda de su hijo, el zacatecano reclamó la omisión y revictimización de las autoridades.
Nicanor fue visto por última vez cuando hombres armados, a bordo de dos camionetas, llegaron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. Pese a las alertas que activaron la búsqueda, Nicanor fue hallado sin vida cinco días después, el 27 de julio.
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