El Gobierno de Cuitláhuac García pretende reformar la Constitución de Política de Veracruz para debilitar el presupuesto que anualmente deben recibir organismos y poderes que cuentan con autonomía financiera, tal es el caso de la Universidad Veracruzana (UV), el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con el argumento de finanzas endebles y la urgencia por imponer la llamada “austeridad republicana” en 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de José Luis Lima Franco, aseguró que “están a tiempo” de lograr ajustes a la Constitución para establecer que la autonomía presupuestaria dependa del crecimiento económico del Estado.
Lima Franco explicó que la Ley establece que los presupuestos deben ser progresivos, según lo marca la carta magna, pero insistió en que la administración estatal debe ser "coherente" con los ingresos y egresos del estado.
Dijo que los presupuestos no pueden ser progresivos “si las participaciones no crecen en la misma proporción o si la actividad económica del país o la economía mundial no crecen en el mismo sentido”.
"Tenemos que ajustarlo, no hay ningún problema que sea progresivo siempre y cuando esté correlacionado a un aumento de la actividad económica y de las participaciones", planteó.
De esta forma, el secretario de Finanzas acotó que la actividad económica y los presupuestos “deben ir atados” y que este es un tema que debe discutirse entre el Congreso local y el Gobierno de Veracruz, por lo que está dispuesto a dialogar con los legisladores para que avalen los recortes que se proyectan en 2020.
Y es que aseguró que reformar la Constitución (antes de avalar el presupuesto) es una buena forma de no contravenir las autonomías presupuestales plasmadas, por lo que de forma “Fast track” podrían hacerlo antes de que concluya el año, para evitar las controversias constitucionales.
La declaración del funcionario se da a unos días de que se someta a votación la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2020 y de los señalamientos de varios organismos autónomos en el sentido de que lo proyectado por la Sefiplan no será suficiente para cubrir sus necesidades.
No obstante, Lima Franco añadió que estos recortes podrían aplicarse al menos hasta en tanto no haya reactivación económica, ya que “todos los sectores” deben entender que el presupuesto parte de una recaudación federal, y que a partir de ello y del crecimiento económico se puede cumplir con las autonomías presupuestales.
“Con base en esa recaudación, si existe o no un crecimiento esperado tiene que haber un ajuste presupuestal y lo primero que nada es eso; si la actividad económica mundial y nacional no crece en ningún sentido no puede haber un incremento de los autónomos y organismos”
Pese a ello, Lima Franco dijo que es posible que los organismos con autonomía financiera acudan a instancias jurisdiccionales para lograr el presupuesto que les corresponde, de ahí que ya contemplan controversias constitucionales.
En este caso agregó que en su momento será el Congreso local quien atienda las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deslindándose de las consecuencias que se desprenderán de los recortes a los entes y poderes autónomos.
¿A QUIÉN AFECTA LOS RECORTES?
Según el proyecto en manos de los diputados locales, casi todos los órganos y poderes autónomos tendrán recortes en sus presupuestos, por lo que algunos ya han comenzado a señalar las afectaciones que tendrán en sus actividades.
Uno de los organismos más afectados es la Fiscalía General del Estado (FGE) que para 2020 tendría recortes por 488 millones de pesos respecto a este 2019, pues el proyecto prevé un presupuesto de mil 066 millones 108 mil 652 pesos contra los mil 554 millones 433 mil 687 pesos del año en curso.
Esto a pesar de que la Ley establece que la Fiscalía, ahora a cargo de Verónica Hernández Giadáns, debe recibir el 1.5 por ciento del presupuesto general, según está establecido en la Constitución de Veracruz.
En el caso del Poder Judicial, aunque el recorte no es tan amplio como el de la Fiscalía, podría recibir 35 millones de pesos menos que este año, ya que en 2020 pretenden otorgarle mil 895 millones 400 mil 865 pesos, contra los mil 930 millones 625 mil 559 pesos que administró este año.
Según la Ley, el Poder Judicial, que preside la magistrada Sofía Martínez Huerta, debe recibir el 2 por ciento del presupuesto general de la entidad.
Para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, el presupuesto sería de 57 millones 200 mil pesos, cuando este año fue de 67 millones 200 mil pesos, es decir que tendría un recorte de 10 millones de pesos.
Por cuanto hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tendría un recorte de al menos 5 millones de pesos, al pasar de 64 millones 797 mil 200 pesos a 59 millones 800 mil pesos.
ygr