Brandy N. y su madre Luisa N. fueron asesinadas cuando se encontraban dentro de su casa en la colonia Las Cabezas, del municipio de Puente Nacional. Ambas fueron asesinadas con múltiples heridas de arma punzocortante, de acuerdo con lo relatado por sus familiares.
En el caso de Brandy fue notoria la saña, alevosía, ventaja y ridiculización de su cuerpo luego de ser asesinada, aseveró Jazz Bustamante Hernández, activista y fundadora de la asociación civil Soy Humano.
Brandy era una mujer trans de 32 años de edad que se ganaba la vida con lo que obtenía a través de ventas de productos por catálogo y trabajos como estilista que realizaba en el municipio ubicado a 55 kilómetros del puerto de Veracruz.
El ingreso de su trabajo lo utilizaba para mantener a su mamá, familiares la describieron como una persona tranquila y que pocas veces se ausentaba de casa.
Las condiciones en las que fue asesinada cuentan con las características de un crimen por razones de odio, cuyas agravantes se encuentran previstas en el artículo 144 del Código Penal del Estado de Veracruz, precisó Jazz Bustamante.
La activista indicó que con el de Brandy suman 19 crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBTTTI en el estado de Veracruz durante el 2020, que se ubica desde mayo en el primer lugar nacional, de acuerdo con el Observatorio de Crímenes de Odio.
Sin embargo, aseveró que ninguno de los casos anteriores -10 de mujeres trans y 9 de gays y bisexuales- ha sido tipificado por la Fiscalía General del Estado como crímenes de odio y su investigación fue iniciada como homicidios.
Jazz Bustamante dijo que la falta de conocimiento de las autoridades de procuración de justicia provoca que casos como el de Brandy sean invisibilizados por las autoridades.
“En días pasados nos contactó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su visitador Raúl Albores donde estábamos buscando una reunión con la Fiscal General del Estado de Veracruz, se había acordado que nos recibiría este martes y el lunes nos cancelarnos la cita, desgraciadamente”.
La activista dijo que se busca la generación de un protocolo que sirva para que funcionarios de la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de Seguridad Pública, en los casos que actúan como primer respondiente, puedan identificar las agravantes de un crimen de odio.
“Seguimos buscando una cita con la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Fiscalía General del Estado, creemos que es muy importante que se creen protocolos de actuación para que puedan aplicar el marco punitivo ya existente, porque de nada sirve que estén las causales agravantes si la fiscalía no sabe aplicar la Ley”.
ygr