En solo un año el partido Morena y sus aliados han logrado mudar el Sistema Estatal Anticorrupción. La instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política estatal en la materia de combate a la corrupción, estaba impuesta de gente ligada a Acción Nacional que han salido, ya sea por renuncia o al finalizar su periodo de nombramiento.
De las personas que se sentaron en la primera reunión de trabajo del SEA en agosto del 2018, como representantes de los órganos e instituciones, en la que participó en entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, todos cambiaron.
Y aunque la permuta de los integrantes podría ser natural, quienes asumieron la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, del Poder Judicial, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y del Tribunal de Justicia Administrativa, último cambio, están ligados al partido en el poder o al PRI, su aliado, lo que confirma la purga Yunista.
Incluso, el Secretario Ejecutivo del Sistema, Carlos Quiroz -quien fue acusado de acoso laboral- tiene filiación de izquierda, y pese a los señalamientos en su contra y denuncias en instancias legales se mantiene en el cargo con el apoyo de los integrantes del Comité Coordinador.
En agosto del 2018 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), después de dos años de impugnaciones y la creación del andamiaje legal en el periodo Yunista se dio la entrada en operación.
En la sesión de instalación participaron el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Sergio Vázquez Jiménez, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el Contralor General del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Pedro José María García Montañez, la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Yollí García Álvarez, el Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Andrés Cruz Ibarra y el Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio. Todos han sido removidos.
LOS CAMBIOS
Carlos Quiroz, lleva casi ocho meses como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, es el titular que más tiempo ha durado en el cargo.
El Sistema Estatal Anticorrupción entró en funciones en agosto del 2018, cinco días después en la primera reunión de trabajo de los integrantes del SEA se nombró a Martín Quitano, ex funcionario de la Editora de Gobierno en la administración de Yunes Linares, fue nombrado Secretario Ejecutivo.
Para el 15 de octubre, el también exdirector de la Comisión de Agua de Coatepec presentó su renuncia con calidad de irrevocable, en medio de la exigencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadano de un presupuesto para operar.
El 26 de octubre de ese mismo año, se designó a Noé Guadalupe Hernández Martínez como nuevo Secretario Técnico, cargo que desempeñó hasta el 09 de abril de este año, cuando también presentó su renuncia, en medio de una sesión de trabajo en la que denunció irregularidades administrativas, aunque el tema solo quedó en trascendidos y no se acudió ante las instancias competentes para investigar.
En su lugar se nombró a Marisol de la Merced, quien fue relevada este 15 de mayo, en los días que estuvo a cargo de la Secretaría Técnica, se evidenciaron salarios de privilegio y algunas anomalías administrativas.
EL PRESIDENTE DEL CPC MÁS CUESTIONADO
El segundo cambio obligado fue el de Sergio Vázquez Jiménez. El 01 de agosto del 2019 se cumplió el periodo de elección por lo que fue Emilio Cárdenas Escobosa el responsable de asumir la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana.
Vázquez Jiménez fue señalado de manera reiterada de sus ligas con el PRI y de los beneficios que obtuvo su despacho contable, así como el de sus hermanos, que están incluidos en el padrón del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en gobiernos del tricolor.
También fue acusado de querer manejar el presupuesto del SEA, incluso, el Sistema fue observado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por los pagos de nómina que realizaron a lo largo del 2018, y existen expedientes en la Contraloría General, pues los trabajadores no contaban con seguridad social, y no se tenía registro contable del pago de nómina que se hacía en efectivo.
MERCEDES SANTOYO LLEGA A SUPLIR A LESLIE GARIBO
Ya para septiembre del 2019, 0tro cambio que generó polémica fue la inclusión de Mercedes Santoyo, quien asumió la titularidad de la Contraloría General del Estado después de la primera quincena, tras la renuncia de Leslie Garibo Puga, quien se sentó en la mesa del Comité Coordinador en diciembre del 2018, tras rendir protesta como funcionaria de Morena.
El argumento de la salida que se planteó a los medios fue motivos personales, sin embargo, fuero muchas las quejas de compras irregulares en los primeros meses de la administración de Morena, sin que la Contraloría observara alguna irregularidad.
Garibo Puga también se comprometió a investigar casos de tráfico de influencias en la contratación de funcionarios estatales, y se limitó a asegurar que no era irregular la inclusión de Eleazar Guerrero, al gabinete estatal, pese a que medios de comunicación difundieron las actas de nacimiento que comprobaban el parentesco con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
TITULAR DEL ORFIS, BLINDARÍA A MORENA
Ese mismo mes, el día 27, asumió la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
Delia González Cobos. La nueva auditora estuvo vinculada a los partidos PRD y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue representante ante órganos electorales, y formaba parte de la estructura de gobierno, como Procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Cobos obtuvo un ascenso que le permitirá revisar el manejo de los recursos por siete años, blindando así la administración de García Jiménez, que en sólo 10 meses de administración ha sido señalado de irregularidades en la asignación de contratos.
FISCAL ANTICORRUPCIÓN ES ACUSADO DE FAVORECER A EXTESORERO DE ACTOPAN
Días después, el 14 de octubre, se dio el cambio del Fiscal Anticorrupción, en sesión extraordinaria el Congreso local nombró a Alfredo Corona Lizárraga, militante panista y funcionario de la 65 legislatura, como encargado de despacho.
El joven político que fue regidor en Xalapa, recientemente fue acusado por la síndica de Actopan, Lucero Palmeros Barradas, de encabezar una red de protección en favor de Pedro Benítez, extesorero de su municipio.
Este jueves 09 de enero se dio entrada a la solicitud de juicio político en contra de la Síndica y del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez, por presuntas irregularidades administrativas.
La representante legal del municipio expuso que Corona Lizárraga, con poco más de dos meses en el cargo, está usando la justicia para criminalizarla, como método de defensa del extesorero municipal.
PRIISTAS, LOS NUEVOS ALIADOS DE MORENA LLEGAN AL IVAI Y TEJAV
También en el mes de octubre, se presentó en la reunión de trabajo del Comité Coordinador, Comisionado Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Rubén Mendoza Hernández, ligado al PRI.
De líder juvenil del tricolor llegó al IVAI en el 2015, en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, con el apoyo de la mayoría en el Congreso. En esa ocasión pidió un voto de confianza para desempeñar su nuevo encargo.
Al igual que la expresidenta Yollí García Álvarez, fue señalado del dispendio de recursos públicos en viajes alrededor de la república mexicana, así como en el extranjero.
El último cambio se validó el pasado 08 de enero, cuando Roberto Alejandro Gutiérrez Pérez, fue nombrado Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en sustitución de Pedro García Montañez, secretario particular de Yunes Linares en su bienio.
La trayectoria laboral de Gutiérrez Pérez creció bajo el cobijo del PRI, es licenciado en derecho y maestro en ciencias políticas, pasó de secretario particular de la Presidencia del extinto Instituto Electoral Veracruzano (IEV) hoy OPLE, a asesor de la Cámara local en el periodo 2010-2013.
También fue director de Servicios Jurídicos del Congreso Local y del Ayuntamiento de Xalapa.
A más de dos años de estar en operación, el Sistema no se ha logrado legitimar a pesar de la recomendación del panista Yunes Linares, incluso, este año solo cuentan con 19 millones de pesos para operar, lo que pone en riesgo el pago de nómina a partir del mes de mayo, según lo declarado por el Presidente Emilio Cárdenas Escobosa.
ygr