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Aspirantes a fiscal, entre acusaciones de corrupción e irregularidades

Las ligas o pasado de algunos de los candidatos podrían poner en duda la idoneidad para llegar a la titularidad del órgano responsable de procurar justicia

Escrito en VERACRUZ el

Xalapa, Ver.- Una veintena de aspirantes buscan ser el nuevo o nueva Fiscal General en Veracruz; algunos cargan con señalamientos de corrupción o irregularidades en su trayectoria profesional, participan en el proceso que inició la 65 Legislatura, con mayoría de Morena, el 01 de mayo.

Este 19 de mayo iniciará la pasarela de los participantes, aquellos que cumplieron con los requisitos legales tendrán que acudir a exponer su plan de trabajo ante los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Juan Javier Gómez Cazarín.

La oposición ha señalado que el proceso de remoción del extitular, Jorge Winckler Ortiz, y el de nombramiento del nuevo abogado de los veracruzanos está viciado de origen. Incluso, han señalado que el proceso que se inició en la Cámara es un mero formalismo, pues se espera la ratificación de Verónica Hernández Giadáns, encargada de despacho desde septiembre el 2019, y exdirectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

El fiscal General es el responsable de llevar la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; le corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público.

Las ligas o pasado de algunos de los aspirantes podrían poner en duda la idoneidad para llegar a la titularidad del órgano autónomo en Veracruz.

La Silla Rota Veracruz presenta el perfil de seis de candidatos que intentarán ocupar el lugar que hoy tiene de encargo Verónica Hernández. 

1.- Rubí Rosas Carvajal, cuenta con el grado de Maestría y se ha desempeñado como Secretaria de Acuerdos de Juzgados en Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Acayucan. Han sido reiteradas las acusaciones en su contra, por lo que fue reubicada en nuevos juzgados.

En 2010 se abrió una investigación ministerial contra Rosas Carvajal, la 526/2010; se le acusó de abuso de autoridad, por presuntamente obligar a la detención y consignación de dos jóvenes que fueron acusados de violación y robo.

En ese entonces familiares y amigos de los indiciados marcharon en San Andrés Tuxtla, demandando la destitución de la servidora pública por beneficiar a una de las partes en conflicto, por su cercanía.

2.- Otra de las aspirantes es Arabella Narely Cañas y Sáenz, Doctora en Derecho; se desempeñó como directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en la época de Luis Ángel Bravo Contreras.

Su trayectoria profesional incluye su registro como aspirante a la diputación local por el distrito de Xalapa en el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional. El 01 de febrero del 2018 entregó la documentación oficial en la sede del instituto político.

Un año antes, aceptó participar en la planilla que se registró ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) el Partido del Trabajo en la elección para la alcaldía de Xalapa.

3.- Yuriria Torres Páez es Maestra en Procuración de Justicia Federal, y es Directora de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Fiscalía General de la República

No existen denuncias penales en su contra, pero se le acusó de contratar a más de 400 elementos ministeriales que entraron a nómina, entre ellos, Irving Elías Fonseca, su cónyugue.

Su formación profesional es de técnico en Enfermería General, según su cédula profesional 7252762 del Instituto Tecnológico del Estado de México, sin embargo, se le otorgaron funciones de “comandante”. La queja se presentó ante el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

4.- También entregó su documentación José Martín Rivera Martínez, socio del despacho abogados “Martínez & Asociados”; cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

En su trayectoria profesional ha representado a varios exfuncionarios priistas, luego de que fueron denunciados o encarcelados en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Representó a Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Al exduartistas se le obligó a reponer  94 millones 97 mil 848 pesos, que es el equivalente al monto de los daños causados a la Hacienda Pública, durante el ejercicio 2016 y una sanción pecuniaria consistente en multa por la cantidad de 51 millones 753 mil 816 pesos. 

5.- El abogado Tomás Mundo Arriaza, actual asesor de la fracción de Morena, también se registró. Fue director de Transporte Público en la administración de Miguel Alemán, fue inhabilitado por la entrega irregular de más de 8 mil concesiones de transporte público.

La Contralora General del Fidelato, Susana Torres Hernandez, explicó que Mundo Arriaza se excedió en sus atribuciones al entregar placas de taxi, sin tener la facultad para ello.

“Fueron diferentes las causas de la inhabilitación, para el caso del director aquí digamos que se dieron órdenes de emplacamiento sin estar capacitado para ello”, declaró a los medios de comunicación.

6.- Florencio Hernández Espinosa, es Juez del Poder Judicial del estado. Ha figurado en medios de comunicación al ser responsable de la liberación de 15 policías que fueron señalados de desaparición forzada en los años 2014 y 2018.

En 2014, liberó a siete oficiales que fueron señalados de participar en la desaparición del cantante Gibrán Martíz, luego de que fue sacado a la fuerza de su departamento.

Cuatro años después, Hernández Espinoza ordenó la liberación de ocho policías acusados de desaparición forzada de un joven cordobés, tras el pago de una fianza de 15 mil pesos.

REGLAS PARA LA ELECCIÓN 

La convocatoria que se publicó en la página oficial del Congreso detalla que las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos, serán entrevistados personalmente por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, para que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

La Junta de Coordinación Política emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, el cual será sometido dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente.

Los plazos legales y la convocatoria para sesionar el 28 de mayo hacen presumir que será esa fecha cuando se vote el nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado.

El 01 de mayo el Congreso local inicio el proceso de selección del titular de la Fiscalía General del Estado, luego de que se destituyó, primero, de manera temporal, y después, en calidad de definitivo a Jorge Winckler Ortiz, quien fue nombrado por la 64 legislatura en el 2019.