En los últimos cinco meses, escuelas privadas y públicas de Veracruz registraron un incremento en los casos de violencia y uso de armas entre estudiantes e incluso de alumnos contra docentes, lo que combinado con incidentes violentos en otras entidades generó una alerta entre las autoridades educativas y del Congreso local.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la LXV legislatura analizan desempolvar el llamado “Operativo Mochila Segura”, catalogado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo “ineficaz y reactivo", sino capaz de derivar en violaciones a los derechos básicos de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, para el Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, el “Operativo Mochila” es "la ruta" a seguir, aunque la estrategia requiere del aval de los padres y madres de familia mientras los diputados locales no legislen al respecto.
"En Veracruz primero que nada debemos tener el consenso de madres y padres de familia para aplicarlo (...) necesitamos el consenso de los papás, pero la ruta es ir al operativo" subrayó el titular de la dependencia en entrevista reciente.
El funcionario recalcó la necesidad de abrir el debate en todo el Estado, tras los incidentes relacionados con el uso de armas y objetos punzocortantes como sucedió en los planteles de Torreón, Coahuila, con saldo de una maestra asesinada y el suicidio de un estudiante que agredió a otras personas, así como otros incidentes menores ocurridos en Veracruz.
"Estaba platicando (con la Comisión de Educación en el Congreso) que ya empecemos a abrir la discusión en todo el estado con los diferentes foros que hagamos con el Operativo Mochila", expresó el responsable de la política educativa, lo que no cayó en “oídos sordos” en el Poder Legislativo.
A la par de reiterar la necesidad de aprobar y aplicar las revisiones de las mochilas de los estudiantes por la propia tranquilidad y protección de los menores, compartió la responsabilidad de la seguridad en los planteles con los padres y madres, a fin de supervisar a los estudiantes antes de salir de casa.
"También hacemos el llamado a madres y padres de familia, porque nosotros como maestros nuestra responsabilidad es cuando llegan los niños a recibir educación, las diferentes materias, pero igual es responsabilidad de padres y madres de lo que llevan los niños a la escuela", planteó.
LABOR EN EL CONGRESO
Por separado, en el Congreso de Veracruz diputados del Grupo Legislativo de Morena abordaron el tema para regular y prevenir probables casos de violencia y de acoso en los planteles.
El presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso, León David Jiménez Reyes, anticipó que, en marzo próximo, la LXV Legislatura convocará a los primeros foros en busca del consenso de los padres y madres ante el Operativo Mochila Segura.
"Lo vamos a ver en los foros, personalmente creo que las autoridades educativas y los padres de familia deben participar, incluso una organización de derechos humanos tendría que estar presente", declaró en entrevista.
Cuestionado sobre la posibilidad de que las revisiones se hagan en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, el legislador reflexionó que lo conveniente es que se haga de la mano de autoridades educativas, padres de familia y organizaciones de derechos humanos.
"Si va a haber un operativo mochila tendrá que ser muy consensuado con los diversos sectores que están involucrados en la educación de Veracruz. Vamos a coordinarnos con la Secretaría de Educación para realizar una serie de consultas formales"
Por su parte, el pasado 13 de febrero la diputada morenista Jessica Ramírez Cisneros formuló ante la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar de Veracruz.
Con ello se busca obligar a los directores de los planteles a informar de manera semestral y no anual, los incidentes de acoso escolar en los planteles educativos.
La justificación de Ramírez Cisneros para acortar el periodo de reporte es garantizar la facilidad y anticipación al informante, además de brindar un conocimiento del contexto en cada plantel sobre el tema.
Agregó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de acoso escolar en educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 estudiantes de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas.
Asimismo, en 2018 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Veracruz es la entidad donde se presenta el mayor número de casos de acoso escolar.
Por su parte, el mismo día el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Omar Miranda, presentó una iniciativa para que se emitan protocolos y mecanismos de “mochila segura”.
Proyectó la coordinación interinstitucional con las Secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y Cultura, Fiscalía General, DIF, CEDH, Ayuntamientos, directores y personal designado por cada institución educativa; para que se encarguen de emitir los protocolos y mecanismos.
LO QUE DICE LA CNDH
A pesar de la promoción del Operativo Mochila como opción contra la inseguridad en los planteles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos en las entidades federativas a no implementar ese tipo de revisiones.
De acuerdo con la defensoría, los operativos resultan medidas reactivas, que carecen de eficacia y que pueden derivar en violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El 29 de julio de 2019, la CNDH emitió la recomendación 48/2019 dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por incurrir la dependencia en acciones violatorias de los derechos a la educación, a la intimidad y a la participación con la implementación de los operativos mochila en Ciudad de México durante el ciclo escolar 2016-2017.
Además, Derechos Humanos detectó que las acciones de revisión violentaron el principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica.
Las revisiones procedieron tras los hechos en el Colegio Americano de Monterrey, el 18 de enero de 2017, donde un estudiante de secundaria disparó a su profesora y compañeros mientras estaban en el salón de clases, para luego dispararse a sí mismo.
A partir del incidente en Nuevo León, el 20 de enero la SEP inició el operativo en 8 mil 278 planteles con la cooperación de 12 mil policías.
Se justificó la acción para buscar "objetos aptos para la agresión, tales como armas de fuego y punzocortantes, así como sustancias tóxicas".
Derechos Humanos determinó que esto resultó un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, a la vez que las autoridades que lo implementaron no aplicaron un protocolo de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos.
La recomendación evidencia que los adultos revisores, y no los portadores de la mochila, realizaron la revisión de los útiles y no existió una lista de objetos específicos restringidos para su uso, además, participaron elementos en activo de seguridad pública.
Así, Derechos Humanos acreditó que la SEP transgredió los artículos 4° constitucional en su noveno y décimo párrafo; 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; párrafo cuarto de la Observación General 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, el principio II de la Declaración de los Derechos del Niño y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
ALARMA EN VERACRUZ
El 26 de noviembre de 2019, en el Instituto Educativo Xalapeño A.C., en el fraccionamiento Los Ángeles, un estudiante ingresó un arma de fuego, en este caso un bolígrafo-pistola, mismo que se accionó e hirió a otro en la mano.
El delito tuvo que ser abordado por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, misma que inició investigaciones dado que puede configurarse el delito de portación ilegal de arma de fuego.
La justificación del estudiante es que su padre le dio el artefacto ante la creciente inseguridad en la ciudad.
El 10 de febrero, en su perfil de Facebook, una usuaria acusó un ataque con violencia contra su menor hijo en la primaria "Frida Kahlo" de Medellín de Bravo.
El niño presentaba una lesión en el cuello, y aunque primero dijo que se había caído, luego admitió que otro compañero le provocó la herida con un objeto cortante, en este caso, un mosaico.
Sobre este caso, el Secretario de Educación dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por la agresión al menor de edad.
Y aunque el estudiante recibió una lesión en el cuello, el plantel no siguió los protocolos establecidos.
El 11 de febrero, un joven de la Escuela Secundaria y Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO) ingresó al plantel con dos granadas en la mochila y amenazó con detonarlas, luego de sufrir constantes acoso de parte de sus compañeros.
El caso lo reconoció el propio Escobar García, quien admitió que un estudiante, víctima de bullying, le advirtió a sus compañeros que "ya lo tenían harto y que iba a llevar unas bombas a la escuela".
Así, cuando el menor nuevamente fue molestado, sacó los artefactos en el aula, siendo dos granadas de gas lacrimógeno, pero considerados objetos de colección.
Finalmente, en Tlatetela el 19 de febrero la telesecundaria "Felipe Carrillo Puerto" amaneció con pintas de grafiti en donde se advertía de explotar los tanques de gas donde almuerzan los estudiantes.
Por esta razón a los padres les fue informado que pasaran por sus hijos debido a las amenazas, sin embargo, no acudieron autoridades al lugar y nadie les dio más información sobre lo sucedido.
El mismo hermetismo se registró el 10 de febrero con el caso de un reporte de por la supuesta amenaza de bomba en la escuela de Bachilleres del puerto de Veracruz, hecho que movilizó a elementos de seguridad ante el amague de 3 estudiantes que fueron identificados por los responsables del plantel, sin que se informara el tipo de sanciones que les aplicaron.
ygr