ESTADOS

Ante escandalos en FGE, contralora decide renunciar

Su pasado formado en los gobiernos del PRI no le sirvieron a Pilar Beltrán como garantía para seguir en la Fiscalía del Estado

  • CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL
  • 07/10/2019
  • 21:58 hrs
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Ante escandalos en FGE, contralora decide renunciar

Xalapa, Ver. -Un mes después de la remoción de Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado (FGE), la contralora interna de dicha procuraduría, María del Pilar Beltrán Cisneros, presentó su renuncia al cargo tras un breve desempeño de catorce meses.

La dimisión la formuló el pasado 3 de octubre, aunque sin especificar alguna causa y coincidencia con dos acusaciones vertidas contra el ente investigador: una, por la libre autorización de estímulos monetarios y otra, por la 'compra-venta' de dictámenes periciales a beneficio de docentes, supuestamente víctimas de la inseguridad.

En el caso de Pilar Beltrán, la pasada LXIV Legislatura de Veracruz la designó titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía el 31 de julio de 2018, junto con siete contralores más de los organismos autónomos.

Lo anterior, como parte del acuerdo firmado en la Junta de Coordinación Política y de un proceso en donde el Poder Legislativo realizó una selección y aplicación de entrevistas a los aspirantes. No obstante, su pasado 'fidelista' y 'duartista', Pilar Beltrán resultó elegida para el cargo.

En 2001, con el Gobierno de Miguel Alemán Velasco, la ex contralora ingresó al servicio público en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa).

En 2002 escaló a la Dirección Jurídica de la dependencia, y en 2004, es designada secretaria Técnica de la dependencia. En 2005, con el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y con el entonces Secretario Juan Humberto García Sánchez; Pilar Beltrán recibió el nombramiento de Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Dicho puesto lo desempeñaría hasta 2009, cuando ascendió a Jefa del Departamento de Recursos Financieros, en la Sedarpa; para luego recibir en 2012 el cargo de Ejecutiva de Proyectos de Control y Conciliación de Inversiones en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), durante el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa.

LAS ACUSACIONES

Con su salida, Beltrán Cisneros abandonó prácticamente toda indagatoria por acusaciones de deshonestidad en el ente procurador.

Recientemente la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, admitió que tras la remoción de Jorge Winckler por parte de la Diputación Permanente continúa activo un proceso de entrega y recepción iniciado desde el 3 de septiembre.

Esto, dado que titulares de áreas todavía no presentaban la documentación referente a la transición.

"Estamos en un proceso de recepción, ya que muchos titulares de muchas áreas no se han presentado a entregar conforme a la Ley, y eso ha impedido que podamos seguir avanzando. Hay muchas dependencias, el abogado general, algunos fiscales, la Visitaduría, vamos muy lentos en el proceso de entregar y quizá no estaban preparados para el proceso de entrega", alegó.

Apuntó que este cambio de estafeta dejó al descubierto diversas irregularidades, entre estas, la autorización de estímulos monetarios a los jefes de área, entre estos, el ahora prófugo de la justicia, Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal especializado en combate a la corrupción.

De acuerdo con cálculos de Hernández Giadáns, Torres Zamudio, investigado por privación de la libertad, habría recibido una compensación de más de 200 mil pesos, la cual se agrega a su salario de 100 mil pesos en el pasado mes de junio.

"La libertad de asignar estímulos, como en el caso de Marcos Even, que en el mes de julio tuvo un estímulo de casi 200 mil pesos que con su salario ascienden a 300 mil pesos, lo que se me hace indignante con las situaciones que en promedio se viven en el Estado y había una libertad de asignación de estímulos", dijo la funcionaria.

Sin embargo, la fiscal agregó que mensualmente dicha cantidad variaba, y, por lo tanto, la dirección de administración continúa bajo validación de los datos detectados en los archivos de la FGE.

A la vez contra el ex titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, prófugo de la justicia y con una orden de aprehensión en su contra por tortura y privación ilegal de la libertad, igualmente pesan acusaciones por irregularidades.

Es el caso de la venta de dictámenes periciales a maestros solicitantes de cambios de adscripción, como documento para validar una permuta de los docentes en situación de vulnerabilidad ante la delincuencia.

En ese sentido, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, acusó que la fiscalía vendía tales documentos a los profesores amenazados, en los que se hacía constar que estos corrían peligro.

"Catorce maestros han solicitado sus cambios de adscripción y uno de los requisitos es que tengan la denuncia ante la Fiscalía, ¿qué fue de lo que nos dimos cuenta? que anteriormente, con el anterior Fiscal encontramos que estaban vendiendo los dictámenes y la fiscalía vendía los dictámenes a los maestros, para que ellos lo pudieran presentar a la Secretaría; y sabemos la necesidad del compañero de acercarse a su casa, pero no de esta forma", abundó.

SIN PALABRAS

La salida de la Contralora obliga al Congreso del Estado a reanudar el proceso de selección de una nueva persona al frente del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.

Además, en entrevista el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Emilio Cárdenas Escobosa, describió de "natural" la salida de la servidora pública.

"En esa lógica muy normal que la titular del Órgano Interno de Control haya presentado su renuncia, o se la pidió ella (le encargada de despacho) o esta funcionaria terminó por hacerse un lado, para que se desarrollara las investigaciones y lo que conforme a derecho convenga", consideró.

Por lo anterior, explicó que corresponde al Congreso del Estado realizar el nombramiento del nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía.

"Sin duda el Congreso tiene que volver a preparar la convocatoria para que los ciudadanos interesados en participar en estos casos, lo hagan", dijo y recalcó que todo funcionario con señalamientos en su contra de un incumplimiento de un deber legal debe ser investigado.

Así, a pesar de la renuncia de la funcionaria, Cárdenas Escobosa no descartó una continuidad de las investigaciones en busca de alguna irregularidad cometida por los servidores de la FGE durante el desempeño de Pilar Beltrán, así como en contra de la propia exfuncionaria.

Incluso, consultada vía telefónica por este medio en busca de alguna postura, Pilar López Beltrán se negó a dar contestación alguna.

"No le voy a dar ninguna entrevista. Disculpe. Buenas tardes".