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Abusos, opacidad y violaciones: cuentas que rendirá SSP ante el Congreso

En un año, la SSP acumuló denuncias por corrupción, desapariciones, montajes y violaciones de derechos humanos

  • CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL
  • 01/12/2019
  • 21:10 hrs
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Abusos, opacidad y violaciones: cuentas que rendirá SSP ante el Congreso

Xalapa, Ver.- En un año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, acumuló denuncias por desapariciones forzadas, montajes en secuestros a comunicadores, ejecuciones extrajudiciales y otras agravios perpetradas por los policías a su mando, que generaron algunas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ante estas acusaciones, el funcionario estatal se ha comprometido a castigar a los “malos policías” y a finales de noviembre detalló que se han dado de baja aproximadamente a 300 elementos durante 2019, algunos por cometer delitos y otros por no acreditar los exámenes de control y confianza.

Un mes antes dijo que 16 elementos estaban bajo investigación por casos de corrupción, y que la Fiscalía General del Estado tenía abiertas 20 carpetas en las que eran investigados alrededor de 35 elementos que probablemente cometieron delitos como robo y extorsión.

Además, la dependencia generó polémica por la asignación de contratos para la compra y arrendamiento de patrullas. Políticos opositores acusaron un supuesto sobreprecio en la adquisición de las unidades y, después de esto, el Gobierno optó por clasificar los contratos como “información reservada” por cuestiones de seguridad.

SOBREPRECIOS EN PATRULLAS

En mayo de 2019 el gobierno de Cuitláhuac García adquirió 50 patrullas y arrendó otras 110 unidades. Se informó que el costo de las 50 patrullas fue de poco más de 39 millones 940 mil pesos; es decir, que cada una tuvo un costo de 670 mil 600 pesos. Por el arrendamiento de las 110 restantes la administración estatal deberá pagar 144 millones de pesos durante los próximos tres años.

En esa fecha, el entonces fiscal especializado en combate a corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, informó que se abrió una carpeta de investigación por la compra de patrullas y que esta se haría sin tintes políticos. Tras ser removido del cargo por el Congreso del Estado por ausencia injustificada de más de 30 días los resultados de dichas indagatorias siguen sin presentarse.

"Tenemos que investigar para establecer si existe este hecho (de la compra a sobreprecio) y determinar la conducta ilícita que se genere para poder acudir ante un juez de control y poder hacer la solicitud pertinente. Tenemos que ver el contrato, primero dijeron que había sido compra, luego que arrendamiento, ya no sé qué es y necesitamos saber cómo ocurrió el hecho", declaró el exfiscal, hoy prófugo.

Igualmente, los diputados locales del PAN denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) estos hechos. El entonces coordinador de la bancada, Sergio Hernández, dijo que la denuncia se hacía por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, por uso ilícito de atribuciones y facultades y por tráfico de influencias del gobernador, Cuitláhuac García; el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.

Además, los legisladores panistas señalaron que en el caso del arrendamiento de las patrullas, que tendrá un plazo de más de tres años, debió aprobarse en el Congreso local, por lo cual la SSP habría violentado la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Ante las críticas, el secretario Hugo Gutiérrez respondió achacando actos de corrupción del gobierno de Miguel Ángel Yunes, al decir que de las 2 mil patrullas que el exmandatario presumió dejar a la actual administración, funcionaban solo 700.

El titular de la SSP argumentó que había una urgencia y de esta manera justificó la adquisición de más vehículos y la compostura de 300 unidades. 

“Están descompuestas, secuestradas en los talleres porque no pagaban, mucho tipo de cuestiones que administrativamente no se vale”, declaró ante medios de comunicación Gutiérrez Maldonado.

El gobierno de Cuitláhuac García justificó que con los contratos para la compra y arrendamiento de los vehículos la dependencia logró un ahorro total de 4 millones 320 mil pesos, pues no contaba con liquidez para comprar patrullas.

La falta de información sobre el proceso y costo de este tema provocó que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenara a la SSP dar a conocer esta información.

La SSP mantuvo por varios meses la información a su resguardo bajo el argumento de que por ser un tema de patrullas podría poner en riesgo la seguridad del estado; sin embargo, el IVAI determinó que la SSP no siguió los pasos para clasificar la información y por tanto debía entregar la información.

Pese a esto, los datos que habían sido reservados no se han dado a conocer en medios de comunicación de la entidad.

CASOS DE TORTURA

El 31 de diciembre de 2018, el primer escándalo de la SSP ocurrió cuando elementos de Fuerza Civil irrumpieron en una vivienda de una familia mexicoamericana en la comunidad de Santa Marta, en Actopan, los uniformados golpearon a siete integrantes de esa familia, los robaron, plantaron armas y los detuvieron.

Incluso, tras evidenciarse públicamente los abusos policiales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación (28/2019) por hechos de tortura y abuso de autoridad de los policías y por lo cual el Gobierno del estado está obligado a resarcir el daño a la familia que fue exhibida por la SSP al asegurar que se trataba de un grupo criminal dedicado al robo de combustible.

Este caso se registró el 31 de diciembre de 2018, cuando José Aniceto R, de 54 años; David R, de 24; Abraham R, de 58; Israel Kevin C, de 18; Héctor M, de 54; Abraham R de 25, y Paul Sergio R de 17, fueron detenidos por 48 horas bajo los señalamientos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los siete hombres recuperaron su libertad luego de que, contrario a los dichos de elementos de la SSP, demostraron que los uniformados ingresaron a su domicilio trepando cercas y bardas sin una orden de cateo para despojarlos de sus pertenencias y someterlos.

Las víctimas presentaron lesiones en la cabeza, cuello, abdomen, tórax y en las extremidades pélvicas; una de ellas, identificada como víctima dos, sufrió una fractura en el hueso maxilar; y la madre de este joven padeció estrés post-traumático.

De acuerdo con lo narrado por los afectados, en un primer momento un policía -quien se identificó como comandante- intentó ingresar a la casa, pero como no tenía una orden de cateo lo obligaron a salir de la vivienda, por lo que pidió refuerzos.

Los policías desvalijaron dos camionetas, buscando drogas, y generaron daños a dos vehículos estacionados fuera de la vivienda. Afectaron el sistema eléctrico del portón de su casa, rompieron cristales y puertas en su intento por invadir su espacio.

Según el relato de los agraviados, el operativo se prolongó por más de una hora en la que los elementos golpearon de manera constante a hombres, niños y mujeres. Arribaron más de 20 policías que participaron en el cateo y se les obligó, al menos a tres de ellos, a disparar armas que después les fueron “sembradas”.

Las víctimas confirmaron que se les obligó a disparar, incluso, contaron que los policías dispararon al aire en reiteradas ocasiones, en su intención de intimidarlos. Algunas de estas arbitrariedades quedaron video grabadas por los afectados y se hicieron públicas.

Por estos hechos, la FGE inició una investigación; sin embargo, el entonces titular del organismo, Jorge Winckler Ortiz, negó que los policías suspendidos por presuntas irregularidades en este caso hayan sido puestos a disposición de la Fiscalía.

RESULTADOS DUDOSOS

El 12 de junio de 2019, se informó sobre el secuestro del periodista Marcos Miranda en Boca del Río. Durante varias horas no se supo sobre su paradero luego de que fuera secuestrado en Casas Tamsa a las 8; 00 horas y posteriormente se informó por parte de la SSP sobre su liberación 17 horas después en la zona de Villarín y durante la cual se dijo hubo un enfrentamiento entre policías y captores.

El propio periodista narró que sus plagiarios habían decidido cambiarlo de casa de seguridad; sin embargo, en el trayecto elementos de la SSP se enfrentaron con los presuntos secuestradores y tras una balacera lograron rescatarlo sano y salvo.

Pese a ello, dados los detalles que se dieron a conocer por el propio periodista y la SSP, la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler dijo que se citó a declarar a los policías que intervinieron en su liberación, lo que tampoco ocurrió.

En ese tiempo, el fiscal aseguró que detectaron discrepancias en la información que dio sobre el caso y por ello se solicitaron diversos dictámenes sobre lo ocurrido, incluido la extracción de huellas en el automóvil en el que presuntamente iba secuestrado el comunicador, así como de la cámara de vigilancia en su automóvil, aunque dijo que los registros señalan que fue apagada.

“Se localizó el vehículo modelo March 2018, pero no tenemos ninguna huella de derrape; las huellas no corresponden con las características del vehículo observado en el lugar; se localizaron elementos balísticos esparcidos en la terracería y en el interior del vehículo 40 cartuchos de diferentes calibres que son una ametralladora”, señaló el entonces fiscal.

Winckler Ortiz aseguró que ratificar que se trató de un montaje sería irresponsable, pero que se investigaban todas las posibilidades pues el periodista señaló que lo volvieron a amenazar y por lo cual presentó una ampliación sobre los hechos.

“Se investigan todos los hechos, nos dieron un informe de policía en relación a cómo fue encontrado; hay contradicciones porque venía vendado de los ojos, acostado y doblado en un equipo pequeño y desde dentro intuyó que hubo un enfrentamiento, pero nos ha acompañado a diligencias en el sitio y vio que no presenta ningún impacto de bala y todo es materia de investigación”.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Policías estatales también han sido señalados por realizar ejecuciones extrajudiciales en varios puntos del estado, como el ocurrido el 27 de marzo, cuando elementos de la Fuerza Civil realizaron un operativo en Zempoala, en Úrsulo Galván, donde se hizo el aseguramiento de armas a integrantes de un presunto grupo de la delincuencia organizada.

En las imágenes que se difundieron se observa a una persona con vida al momento del aseguramiento; luego se dio a conocer el asesinato de esa persona, cuyo cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de Xalapa.

La versión oficial de las autoridades es que hubo un enfrentamiento con presuntos delincuentes que dejó como saldo tres muertos y un herido; en este caso, el único sobreviviente narró que en la localidad de El Dorado de ese municipio tuvo que fingir su muerte por casi tres horas, para evitar que los elementos policiacos lo asesinaran.

Ante esto, se inició una investigación e incluso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que fueron cesados algunos elementos.

“Sí, hubo policías cesados, acuérdense que ya hubo unos eventos donde se demostró que los policías estaban actuando de manera equivocada, y se actuó, en Zempoala (…) estamos esperando a que las investigaciones avancen”, dijo entonces.

Un caso más, en Xalapa, se dio cuando elementos de la SSP se enfrentaron a presuntos delincuentes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el pasado 8 de febrero.

En esa ocasión se dijo que uniformados repelieron la agresión por parte de los ocupantes de un taxi alrededor de las 11:20 horas, luego de que les marcaron el alto cuando se trasladaban en el taxi XL-6197. Los sujetos no acataron la indicación y comenzaron a disparar.

En el lugar quedó tendida una persona y fueron detenidos dos hombres más que portaban armas de fuego, además de detener a otro en la avenida México, quien intentó darse a la fuga.

Pese a ello, la Fiscalía señaló que los policías quisieron aparentar un supuesto enfrentamiento para justificar la ejecución extrajudicial de una persona, lo que derivó en la detención de dos de los cuatro policías que habrían sido identificados.

En ese caso, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que se colaboró con la Fiscalía para deslindar responsabilidades; los detenidos fueron señalados por los delitos de homicidio doloso calificado, donde tiene la calidad de partícipe; incumplimiento de un deber legal, falsificación de documentos y contra la preservación del lugar de los hechos.

De manera general, el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, señaló que solicitó al Gobierno estatal poner a su disposición a 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fuerza Civil señalados de diversos delitos, no obstante sólo había recibido ayuda en un caso.

Un caso más es el de la detención y violación de una maestra en Tlalixcoyan, quien fue privada de la libertad el pasado 15 de marzo presuntamente por elementos de Fuerza Civil, a quienes señaló de ser responsables de abusar sexualmente de ella.

El 15 de marzo la maestra regresaba de dar clases en Tlalixcoyan, y fue detenida por elementos policiacos que la metieron a su carro, la golpearon y le robaron sus pertenencias; lo mismo le hicieron a otras tres mujeres; en total eran siete.

Todos fueron llevados a un edificio con varias habitaciones, en donde abusaron de las mujeres y luego los llevaron a un lugar en donde serían asesinados, pero algo los detuvo; al salvar la vida la maestra presentó una denuncia ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, las Mujeres, Indígenas, Niños y Trata de Personas, bajo el expediente 834/2019.

HUGO MALDONADO FINALMENTE SE CAREARÁ CON DIPUTADOS

En diversas ocasiones diputados panistas han solicitado que el secretario Hugo Gutiérrez comparezca ante el Congreso del estado para que dé cuentas sobre su trabajo, pero sus solicitudes no han prosperado. Sin embargo, dicha protección llegó hasta este 2 de diciembre.

La última vez que se intentó llamar a comparecer a Hugo Gutiérrez ante el Congreso, se armó una argucia legal para evitar llevar a cabo la sesión de la permanente y en su caso, destituir al fiscal Jorge Winckler.

En esa ocasión, el punto VIII de la orden del día, contenía un anteproyecto de punto de acuerdo para llamar a Gutiérrez a rendir cuentas, así como al propio Winckler, presentado por el diputado Omar Miranda Romero, del PAN.

Por ello, será durante la comparecencia con motivo del primer año de labores de la administración estatal que Hugo Gutiérrez enfrente los cuestionamientos de los diputados de oposición.

ygr