A poco más de 10 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que buscaba eliminar los obstáculos legislativos para legalizar la interrupción del embarazo en el estado, las veracruzanas enfrentar un olvido sistemático y criminalización por abortar, coinciden grupos feministas.
Mujeres y grupos feministas del estado de Veracruz se encuentran a la espera de que la Suprema Corte discuta un par de amparos (636/2019 y 44/2020), entre ellos el que discutió en el proyecto desechado por la SCJN el 29 de julio de 2020.
La discusión – según la opinión de activistas – se mantiene pausada debido a factores como la pandemia de la covid-19 y el desarrollo del proceso electoral 2020-2021, que se definirá el domingo 6 de junio.
A la par de esa cuenta pendiente por factores como la pandemia de la covid-19 y la celebración del proceso electoral 2020-2021 – según la opinión de activistas -, las veracruzanas que abortan son sancionadas con cárcel pese a que el Código Penal del estado no se establece un castigo penal.
El último caso conocido en la entidad veracruzana se trató de Diana Patricia, una mujer que fue detenida por elementos de la Policía Ministerial por presuntamente “abandonar a un bebé” en el baño de una tienda pública.
La mujer habría abortado un feto de aproximadamente seis meses en el baño de una tienda comercial Soriana el pasado 23 de mayo en el municipio de Villa Oluta, en sur de Veracruz.
Su detención sucedió cinco días después del presunto aborto debido a una orden de aprehensión en su contra, luego de que fue identificada debido a las grabaciones de las cámaras de vigilancia; las autoridades le dictaron prisión preventiva.
De acuerdo con Adriana Fuentes Manzo, coordinadora de Equifonía AC, el aborto pudo tratarse de una emergencia obstétrica que habría puesto en riesgo la vida de la mujer o del producto, como en muchos casos que la asociación acompañó en fechas pasadas.
“Una emergencia obstétrica puede ser muchas cosas, incluido el aborto, y puede ser un aborto espontáneo”, dijo.
Como Diana Patricia, otras 29 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en Veracruz durante 2020 y 2021, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, el Código Penal del estado establece en su artículo 150 que la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto será sancionada únicamente con un tratamiento en libertad, que consiste en la aplicación de medidas educativas y de salud.
AVGM POR AGRAVIO COMPARADO, IGNORADA
La asociación civil Equifonía firmó la solicitud para la declaratoria Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Veracruz, con el argumento de la existencia de una política pública que violentaba los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres.
En la AVGM por agravio comparado, declarada el 13 de diciembre de 2017, se expuso que en el estado las mujeres se enfrentan con obstáculos para tercer acceso a un aborto seguro cuando son violentadas sexualmente o su salud está en riesgo.
Para Adriana Fuentes, las causales por las que el Código Penal del estado define que el aborto no es punible, es decir, que es permitido, aún son insuficientes a pesar de que dicha cuestión se señaló en la alerta por agravio comparado.
Según la opinión de Estela Casados González, directora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUV Mujeres), aún falta que se logren alcances importantes con referencia a la AVGM por agravio comparado.
La académica consideró que la falta de atención de las autoridades veracruzanas a la alerta de género provoca que se criminalice y haya una persecución contra las mujeres que practican el aborto.
“Hay una persecución sobre todo porque se varía el delito a homicidio, es muy de llamar la atención, porque cuando las mujeres – desde la perspectiva de las autoridades – están cometiendo un ilícito, hay una actuación pronta y expedita.
Pero, por ejemplo, cuando las mujeres son víctimas en realidad hay una desatención brutal”, mencionó.
Legislación orilla a mujeres a abortar en otros estados
A decir de Casados González, las causales que permiten el aborto en Veracruz orillan a las mujeres a tener que ir a otros estados, como la Ciudad de México y Oaxaca, para poder abortar, o a tener al producto.
“En Veracruz hay cinco causales para la interrupción el embarazo, cinco causales en las que el aborto es legal, pero ni siquiera eso se llega a cumplir”, comentó.
El Código Penal de Veracruz determina que el aborto es permitido en Veracruz cuando es causado por imprevisión de la mujer embarazada o cuando es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida.
También se permite cuando, de no practicarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o exista una alteración que resulte en el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, según la opinión de los médicos.
“Muchas veces ni siquiera alcanzamos a que se cumpla lo que la ley dice y las mujeres tienen que irse a otro lado, no es materia de importancia para el estado de Veracruz, para las autoridades locales cumplir con eso”, expresó.
De acuerdo con el sitio web Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del gobierno de la Ciudad de México, 564 veracruzanas acudieron a la capital del país para practicarse un aborto desde abril de 2007 al 31 de marzo de 2021.
Tanto Estela Casados González como Adriana Fuentes coincidieron que el aborto es un tema de salud pública y porque forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas.
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