XALAPA, VER.- Hombres y mujeres que hoy hacen guardia día y noche en el juzgado sexto de lo familiar, tras haber tomado la Ciudad Judicial de Misantla, tienen razones más allá de lo profesional para manifestarse: afirman que los derechos de niños, principalmente, podrían verse afectados de concretarse el cierre de este órgano jurisdiccional.
Advierten que de los mil 500 expedientes que se desahogan en dicho juzgado, prácticamente en el 90 por ciento hay menores involucrados en asuntos trascendentales como su custodia.
Por esa razón el grupo de ciudadanos y abogados sublevados argumentan que han impedido que se concrete el traslado de los expedientes al juzgado segundo, que no está especializado en la materia, exigiendo la intervención de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Romero Cruz, en este asunto.
Los manifestantes explican que al enterarse de que 29 juzgados serían cerrados en todo el Estado optaron por movilizarse a dicha Ciudad Judicial para tomarla, impidiendo con ello el traslado de los documentos hacia otro órgano.
A la fecha es el único cierre no consumado por el Poder Judicial y el grupo amotinado destaca que también son los únicos en Veracruz que actuaron ante la medida impulsada por la magistrada presidenta, quien justificó los cierres debido a la supuesta falta de resultados y un déficit de 500 millones de pesos en la institución autónoma para lo que resta de 2021.
Ahora los inconformes ironizan y sostienen que incluso están dispuestos a hacer “la coperacha” para pagar al juez y que se mantenga abierto este juzgado.
Argumentan que es mentira de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura que habrá un ahorro significativo con el cierre del juzgado sexto al existir en este sitio solamente el juez titular y una secretaria.
“Es mentira que va a haber un ahorro significativo y que con eso van a tapar un hoyo de 500 millones de pesos”, dice uno de los abogados y agrega:
“Ni en los peores tiempos nadie le había metido mano al Poder Judicial. Esto sí es para la historia. Querían hacer historia y lo están haciendo (para mal)”, remata.
LIMBO JUDICIAL
La resistencia de los abogados y ciudadanos inició varios días antes de entrar el vigor la medida que dejó a decenas de personas sin su fuente de trabajo y a miles de justiciables en el limbo judicial.
El primer paso fue la toma de la ciudad judicial de Misantla, que hasta el momento se mantiene a casi 2 semanas de la decisión tomada por el Poder Judicial del Estado.
Al respecto, Carlos Gabriel Sánchez Ortiz afirmó que los abogados de Misantla están incluso dispuestos a “botear” para pagar el salario del juez y su secretario -los únicos sueldos que el PJE se ahorraría- y que este no sea desembolsado del Poder Judicial, que ha retomado el discurso de la austeridad republicana impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una forma de generar supuestos ahorros ante la quiebra de la institución.
“Realmente no están ahorrando gran cosa. Hacemos coperacha todos y nosotros le pagamos al juez, nada más que lo pongan, es todo lo que pedimos (…). No es posible que en la casa de la justicia se nos pierdan 500 millones de pesos, es un absurdo, atenta contra toda la lógica”.
Dijo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue quien inauguró la ciudad judicial de Misantla y afirmó haber estado “muy orgulloso” que esta beneficiaría a 270 mil veracruzanos, pero que ahora ante el cierre están en riesgo mil 500 expedientes que involucran a menores, así como hombres y mujeres que buscan concretar trámites como divorcios y definir pensiones alimenticias.
AFECTAN A MENORES
Sánchez Ortiz agregó que hay personas que deben trasladarse por hasta 10 horas para acudir a las audiencias, afectación en la que el Poder Judicial no repara “por ahorrarse un juez y un secretario”.
Explicó que en todos los casos donde se han cerrado juzgados familiares se ventilan casos principalmente de pensiones alimenticias y custodia de menores, que incluso en ocasiones no pueden estar con ninguno de sus progenitores y de ese trabajo se encarga el juez especializado, lo que ahora está en completo riesgo.
“De los mil 500 expedientes, el 90 por ciento tiene relación con menores; son urgentes, se tienen que tomar decisiones inmediatamente para garantizar el derecho de los menores, esa es la importancia del juzgado familiar”.
“Nos están regresando a como estaba Misantla hace 20 años, que no teníamos juzgado familiar y justamente la especialización es una de las obligaciones del estado mexicano, está en la convención de los Derechos del Niño donde dice que si el estado tiene que hacer frente a problemas económicos primero tienen que ser los niños. Y esa es la inversión que se está queriendo ahorrar el Poder Judicial afectando a los menores del distrito de Misantla”.
DESECHAN AMPAROS
Por otro lado, alertó acerca de una posible “línea” que estén siguiendo los jueces federales ante el desechamiento en masa de amparos contra el cierre de los 29 juzgados, pues todos han sido negados inicialmente.
Sin embargo, sostuvo que hay recursos legales que se deben seguir, incluso proseguir las impugnaciones hasta que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtiendo que no pararán hasta que dejen de afectarse los derechos humanos que deben ser progresistas de acuerdo con las propias leyes mexicanas.
La medida, insistió el abogado Mario García Rivas, no es en absoluto para concretar ahorros, pues el juez titular atiende no solo asuntos familiares sino también mercantiles y patrimoniales, lo que lo convierte en un “todólogo” y se dejan de observar los protocolos del interés del menor.
“Es de risa el hecho de que con ahorrarse ciertos salarios de algunos jueces vayan a cubrir ese déficit que ellos manejan. Son demasiados millones que les corresponden a ellos justificar sin afectar a la ciudadanía”, dijo.
Agregó que cerrar juzgados sin avisar afecta también derechos laborales de los trabajadores del juzgado, por lo que, insistió, deben buscarse otras medidas.
Magdalena de los Santos, abogada también, sostuvo que es ilógico que al ser cabecera distrital se pretenda eliminar este juzgado, que da atención a nueve municipios más y que de acuerdo con lo señalado, es posible que todos los expedientes sean llevados a Martínez de la Torreen un futuro.
“Ya es un conflicto social porque afecta a la ciudadanía; no tenemos más juzgados es el único y que atiende a nueve municipios incluyendo a Misantla. Nos sentimos afectados como no toman en cuenta a Misantla y lo dejan sin juzgado familiar. ¿La sociedad cómo va a quedar?”, cuestionó.
BUSCA CUSTODIA DE SU SOBRINO
Juan Carlos López, ciudadano afectado por el cierre del juzgado, dijo que es “lógico entrar a la lucha” ante una medida que afectará, entre otras cosas, el bolsillo de los usuarios.
“Por eso estamos aquí manifestándonos con los abogados, parte del pueblo, y que vamos a estar hasta las últimas consecuencias, hasta que el señor Gobernador a través de la presidenta nos escuche”.
El hombre narró que el expediente donde tiene injerencia en el juzgado sexto familiar está involucrado un menor de edad de su familia, ante una disputa de custodia.
Afirmó que la medida adoptada por los estudiosos del derecho ha sido bien aceptada por la población en general, particularmente de aquellos que tienen expedientes en este juzgado, por lo que advirtió que lejos de debilitarse, será fortalecido en próximos días.
“Claro que sí, ya todas las comunidades se están adhiriendo a este movimiento y próximamente nos estamos poniendo de acuerdo con una marcha y tomar posiblemente otras atribuciones”, acotó.
FUERZA PÚBLICA LOS VIGILA
Los abogados no se doblegan. Narran que hace algunos días, recibieron información respecto a un posible desalojo de la fuerza pública y aunque al lugar se han presentado patrullas distintas a las que realizan operativos municipales, hasta el momento no ha ocurrido algo que lamentar.
Aun con esto no están dispuestos a cesar en sus peticiones de evitar el cierre del juzgado, aunque a la fecha no se han establecido acuerdos reales con el Poder Judicial, que les dejó claro “que no hay marcha atrás” en la medida que ya fue tomada por Isabel Romero Cruz.
“Nosotros estamos en la postura de ver las condiciones, de seguir estando aquí. Es un desgaste físico y económico, pero es el pueblo y los abogados. Esta no es una sola lucha de abogados, porque a nosotros no nos perjudica a la larga (laboralmente); esto afecta principalmente a los justiciables”, dice Elizabeth Vicente Rodríguez, flanqueada por sus compañeros.
Y efectivamente no están solos. Los abogados han recibido el respaldo de su pueblo, quienes incluso les envían refrescos y comida para que continúen en la lucha.
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