OAXACA DE JUÁREZ. - A un año de la despenalización del aborto en Oaxaca, las mujeres, principalmente quienes habitan en localidades alejadas, en mayor rezago y con menores posibilidades económicas, se encuentran marginadas de este derecho concretado el 25 de septiembre de 2019 con la reforma al Código Penal realizada por el Congreso de Oaxaca.
Con un solo hospital público para realizar el procedimiento, así como un bloque de médicos que rechazan efectuarlo, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda que en los hechos sigue pendiente.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), desde la despenalización hasta el momento, el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso ha realizado ocho Interrupciones Legales del Embarazo, que contrastan con los siete abortos de usuarias oaxaqueñas se han practicado en la Ciudad de México (CDMX). Más aún, la cifra se queda extremadamente corta si se consideran que mensualmente la Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER) recibe 20 solicitudes de orientación sobre el acceso al aborto legal y seguro.
“A un año de la despenalización la lucha sigue, ocurrió que en el papel se transformó, quedó en un código penal establecido que las mujeres tenemos hasta la semana 12 de gestación de decidir si interrumpir o continuar con la gestación y acceder a los servicios para poder hacerlo, sin embargo en la realidad de lo que nos hemos percatado es que hay muchos prestadores de servicio que todavía quieren limitar este derecho de las mujeres, que niegan el derecho que tenemos a contar con información, que cuando una mujer acude a solicitar información porque sabe que el aborto ya no es un delito en nuestro estado, se le comienza a hablar desde la moralidad, se le cuestiona su decisión, se le pide que piense en las consecuencias morales, se le obliga a repensar, se le hace sentir mal”, señaló Mayra Morales Aldás, representante de la Red DDSER en Oaxaca.
En este año, la organización civil documentó dos casos donde las mujeres no pudieron tener acceso al aborto legal y seguro en la institución pública, en uno se trató de una mujer a quien no le brindaron la información necesaria sobre el procedimiento e intentaron desalentarla infundiendo miedo. En otro caso le proporcionaron información errónea, al indicarle que el aborto seguía penalizado.
“La sociedad todavía quiere limitar del derecho de las mujeres, decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. No se aceptar que las mujeres podemos ser libres de ejercer nuestra sexualidad, no se acepta que las mujeres tengamos esta posibilidad de interrumpir un embarazo, siempre se piensan en función de otras personas”, añadió la activista.
Mujeres indígenas y afro, las más apartadas de este derecho
Josefa López Calderón, coordinadora técnica de la Casa de la Mujer (CAMI) Afro, ubicada en Santa María Cortijo e integrante del Comité Regional de Seguridad Pública para prevenir la violencia en la región de la Costa, señaló que para las mujeres indígenas y afro el acceso al aborto legal y seguro es doblemente difícil.
Por un lado, la concentración del procedimiento en un hospital ubicado en la capital del estado en automático las deja marginadas del derecho. Por otro lado, como socialmente el aborto sigue siendo criminalizado, quienes pasan por embarazos no deseado continúan recurriendo a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. De acuerdo con cálculos de organizaciones feministas, en Oaxaca antes de la reforma al Código Penal anualmente se practican más de 9 mil abortos fuera de las instituciones de salud.
“La gente siempre ha tenido problemas para tener acceso a los servicios de salud por su misma economía. Suena burdo decirlo, pero a veces no tienen ni para el pasaje. Es tan fuerte la pobreza que no consiguen para ir al servicio médico”, manifestó.
López Calderón señaló que en este año no se han registrado muertes por aborto en la zona de la Costa y la llamada Llanada oaxaqueña, sin embargo, eso no quiere decir que las mujeres no continúen poniendo en riesgo su vida con procedimientos inseguros.
“Además de la pobreza las mujeres temen a los prejuicios sociales a la estigmatización y eso ha llevado a muchas a morir en sus casas”.
Desde su trabajo en la (CAMI) durante este año, López Calderón conoció de dos embarazos tempranos en adolescentes menores de 16 años. Si bien sabían que el aborto ya esta despenalizado en Oaxaca, la criminación moral las llevó a enfrentar maternidades no deseadas y de manera sola.
“La misma situación económica, social, de marginación las lleva a tener hijos no deseados. Al final todo va de la mano con la violencia”, expuso.
En la Llanada lo mismo ocurre. “Sí se ven en la tele que en Oaxaca ya se despenalizó el aborto, pero la gente no está al cien por ciento concientizada en ejercer este derecho en embarazos no deseados. Y en otras a la mejor quieren, pero no tienen dinero para ir hasta Oaxaca a hacerlo”, indicó.
Hasta antes de la reforma al Código Penal de Oaxaca realizada el 25 de septiembre de 2019 el aborto estaba permitido bajo cuatro causales: violación, peligro de muerte de la madre, imprudencial y malformaciones del producto.
Posterior a ello, el Código Penal del estado establece en su artículo 312 que el “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”; es decir, si la interrupción se practica antes de las 12 semanas no es considerado delito.
Tras lo anterior, la agrupación “Área Médica por la Vida de Oaxaca”, vinculados a la Ola Celeste, han buscado revertir la reforma incluso en los embarazos producto de una violación bajo el argumento que son mínimos los casos.
bl