Desde el hallazgo del cuerpo de Ana Itzel en un sepulcro apócrifo, en un terreno baldío ubicado en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, han pasado tres años y 21 días.
El caso, sin embargo, sigue impune después de que un juez federal acreditara irregularidades en el proceso y manipulación de las pruebas mediante las cuales fue procesado Juan Carlos Escamilla Rodríguez, padre de la menor, quien pasó 721 días en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, acusado del crimen contra su hija.
El 15 de junio se cumplió un año de la liberación del supuesto culpable, absuelto en definitiva en febrero pasado, por lo que la familia exigió al gobernador Omar Fayad Meneses el esclarecimiento del caso.
Escamilla Rodríguez fue detenido por la posible comisión del delito de “ultrajes” a la autoridad, pero procesado por feminicidio, inconsistencia que observó el juez federal que otorgó el amparo 813 por el que fue liberado, mismo que amonestó al juez local Porfirio Austria Espinoza por incurrir “en una ilegal motivación” al acreditar el crimen con pruebas que calificó como inconsistentes.
Una de ellas es el informe que presentaron dos agentes de la Coordinación de Investigación, entonces a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH): Jesús Castro Rojo y Valentín Eduardo Vázquez, a quien el padre de Ana Itzel acusó de tortura, en el que narran que trasladó a su hija —sin atarla— en una motocicleta de tamaño reducido, por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, lo cual, a consideración del juzgador, carecía de verosimilitud.
Mediante su cuenta de Facebook, único medio que ha utilizado para dar a conocer el proceso del que fue objeto desde que fue liberado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, tras pasar 721 días preso, Juan Carlos Escamilla dijo que fue acusado “falsamente De un homicidio que no cometi i todo por ecxigir que se haga justicia pues el homicio del que se acuso fue el mi propia hija (sic)”.
Además del informe rendido por los miembros de la Coordinación de Investigación, que acumulan 29 quejas en la Comisión de Derechos Humanos por tortura, Porfirio Austria valoró la confesión del exrecluso, quien acusó que fue forzado para inculparse.
En febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que retomará el caso para continuar con la indagatoria, la cual, según la madre de la menor, Janet Téllez, no tiene avances.
En junio de 2016 también comprometió que investigaría el actuar de los agentes, pero, un año después, no emitió ninguna sanción ni fincó responsabilidades.