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4T paga deuda de UV; pero busca imponerle contralor externo

El Congreso del Estado se mantiene firme en su intención de designar a un agente encargado de fiscalizar los recursos públicos de la Universidad Veracruzana

  • CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL
  • 22/01/2020
  • 22:21 hrs
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4T paga deuda de UV; pero busca imponerle contralor externo

Luego de una espera de cuatro años, el Gobierno de Veracruz anunció de manera oficial el plan de rescate financiero de la Universidad Veracruzana (UV), y así, liquidar el adeudo por el impago del impuesto sobre la renta (ISR), equivalente a 2 mil millones de pesos.

A pesar de esta propuesta, continúa la incertidumbre en la UV por la designación de un contralor externo para revisar el desempeño administrativo de la Casa de Estudios.

Por un lado, la comunidad de la UV considera lo anterior un agravio a la autonomía obtenida en 1997, mientras, en el Congreso, diputados consideran dicha posibilidad para darle mayor transparencia a la labor de contraloría en la universidad.

En tanto, el Gobierno de Veracruz presentó este 21 de enero el proyecto de rescate financiero de la Casa de Estudios, consistente en cuatro pagos mensuales de 500 mil pesos, el primero a depositarse el próximo viernes 24 de enero, para liquidar el pasivo por el impago del ISR.

En el protocolo celebrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación, el titular de la dependencia José Luis Lima Franco, aseguró que el rescate financiero de la UV “va en serio”. Y recordó que la culpa del impago no es de la institución como tal, sino de las pasadas administraciones.

“Este Gobierno tiene un compromiso inquebrantable con la educación y formación de profesionistas, y más si se trata del Alma Mater de los veracruzanos”, afirmó Lima Franco, egresado de la UV.

Además, enfatizó que el pago de los 2 mil millones de pesos proviene, por una parte, de la política de austeridad aplicada en el Gobierno de Veracruz y de “economías” realizadas; pero en ningún momento se contrató un nuevo préstamo.

El historial de adeudos de la Universidad se remonta al 30 de septiembre de 2015, cuando el entonces Gobernador, Javier Duarte, se reunió en la sede de la UV con la Rectora Sara Ladrón de Guevara González.

En ese momento, el Gobierno de Duarte anunció “un plan de trabajo con la UV encaminado a solventar todas las deudas antes de diciembre de este año”.

Sin embargo, dicho plan de trabajo naufragó y posteriormente, el 19 de mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), deslindó a la UV del impago del impuesto sobre la renta, siendo este adeudo responsabilidad del Gobierno de Veracruz.

Esto, luego de que la UV retuvo el tributo a 12 mil empleados y aunque transfirió dicho recurso a la Secretaría de Finanzas, esta no realizó la aportación del ISR al Servicio de Administración Tributaria.

Lo anterior, luego de una reunión de la autoridad universitaria con el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, y en donde se certificó la falta de pago correspondiente al Gobierno, en ese momento, equivalente a mil 154.8 millones de pesos.

Tras dos marchas, un discurso crítico y el fin del Gobierno de Duarte, el nuevo Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presumió el abono a la deuda de la UV con el SAT, sin embargo, pronto la Rectora Sara Ladrón de Guevara aclaró que la administración yunista no pagó ni el 20 por ciento de la deuda de 2 mil millones de pesos.

De hecho, el actual titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, aseguró que la cantidad aportada por el gobierno pasado fue insuficiente.

“Sí hubo un abono, afortunadamente, la buena relación del Gobernador con el Presidente ha creado mecanismos que sean pagos más accesibles y que se puedan eliminar cargos como multas, recargos y actualizaciones, (…) sí hubo un pago, pero no redujo en nada el capital y seguía creciendo” destacó Lima Franco.

LOS PENDIENTES

Pese al rescate financiero de la UV, continúa sin definir la procedencia de la figura responsable de la Contraloría de la Casa de Estudios; si lo postulará el Congreso del Estado o lo designará el Consejo General Universitario.

Esto, dado que el 13 de mayo de 2019, la Rectora entregó a la LXV Legislatura un anteproyecto de Ley Orgánica de la UV, aprobada previamente por el Consejo Universitario General (CUG), a modo de que dicha ley reciba el procedimiento legislativo que corresponde con cambios en el ámbito administrativo, pero dejando la autonomía a la institución.

Sin embargo, el Poder Legislativo analiza la figura de un contralor externo para supervisar la función pública de los servidores de la UV como una medida para transparentar los procesos en la Universidad.

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXV Legislatura, León David Jiménez Reyes, admitió que existe una política federal en busca de nuevas políticas de transparencia y combate a la corrupción.

“Sí: hay una política federal en cuanto a buscar nuevas formas de transparencia en las universidades y lo ha dicho el Subsecretario (federal) de Educación Superior, Luciano Concheiro, que hay que respetar las autonomías, no se debe pelear una cosa con otra sino mejorar los mecanismos y que los universitarios sean más transparentes en el ejercicio de sus gastos, que finalmente vienen del pueblo”

Indicó que se sigue en las pláticas con la Casa de Estudios y Ladrón de Guevara González, añadiendo que esta se encuentra en la mejor disposición de atender los llamados y observaciones del Congreso del Estado y se busca establecer un acuerdo común entre ambas partes.

“Por eso nos hemos tardado un poquito, y también estoy a favor que se respete a la autonomía de la UV, (…) ella está en su papel de defender la autonomía como Universidad y lo que dice su ley orgánica y en lo que han propuesto”

A lo que señaló que en la Legislatura analizarán cómo aportar a la ley orgánica, apoyar las leyes, mejorarlas y abogar por la transparencia.

“Ver hasta dónde está dispuesta la UV a trabajar el asunto de la Contraloría, que sé que es el problema principal, pero un servidor hasta donde se pueda la autonomía de la Universidad ofreció Jiménez Reyes.

LA OPOSICIÓN

La sola idea de un agente externo a cargo de la revisión de los procesos administrativos contradice no sólo los principios de la autonomía de la UV, sino la propia Constitución de Veracruz, de ahí que para implementar un auditor ajeno a la casa de estudios sería necesario una reforma a la carta magna local.

Por lo anterior, recalcó que un contralor nombrado por el Congreso para revisar la UV implicaría una reforma a la Constitución local.

La rectora defiende la figura actual del Contralor, cuyo nombramiento proviene de los 400 integrantes de la comunidad representados en el Consejo General Universitario y en donde intervienen académicos, directivos, estudiantes y el cuerpo de gobierno.

“Estamos en este momento de la validación de la ley orgánica, (...) en efecto la figura sería contra la Constitución del estado”

Ladrón de Guevara citó dos hipótesis: la primera, relativa a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde el Poder Legislativo designó a un contralor externo, lo cual, contradecía la autonomía de la Alma Máter.

Por lo anterior, la institución recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia en donde se determinó la no viabilidad del procedimiento en el Congreso hidalguense.

En cambio, en el Estado de México, sí procedió un auditor externo para la Universidad Autónoma, toda vez que esta no correspondía a los mismos lineamientos del resto de las universidades autónomas del país.

“La Universidad Veracruzana cuenta con una autonomía basada en el Artículo 3o., fracción VII, y es igual en el estado de Veracruz y nuestra estructura legal sería similar al de estado de Hidalgo en donde no compete al Congreso no nombrar a un contralor”

Y es que indicó que existe transparencia en la UV, toda vez que los recursos de la UV son auditados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), con estados financieros enviados a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura y la página de la UV cuenta con acceso a la información y transparencia, no obstante el debate y sigue y la intención de los diputados de Morena es cumplir con la política federal de fiscalizar los recursos públicos a las universidades públicas.

ygr