CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Un sistema penitenciario moderno de un país debe entenderse como un asunto de Estado, sin embargo hay gobernadores que no conocen lo que acontece en las cárceles de las entidades que gobiernan, aseguró el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
En entrevista con La Silla Rota, el funcionario federal explicó que a nivel estatal no se cuenta con la información adecuada respecto a la situación legal de los internos, por lo que consideró indispensable que los gobernadores le entren al fortalecimiento del sistema penitenciario nacional.
“Los gobernadores tienen que hacerse cargo, (deben) involucrarse. Ya hemos estado platicando con ellos; de que es necesario que tomen en cuenta su sistema penitenciario, es decir, que revisen sus cárceles, que vean si están alimentando sus bases informáticas con los datos de los internos, si tenemos el estado procesal de cada uno (de ellos)”.
“Si tu le preguntas ahorita al encargado del sistema penitenciario de un estado (de la República ¿cuántos (internos) están procesados? ¿Cuántos están sentenciados? ¿Cuántos tienen auto-formal prisión?, ¿Cuántos están amparados?, ¿quiénes son sus abogados?… (No hay datos) y eso necesitamos saber”, dijo.
Incluso, este descontrol lo ejemplificó con el caso de una mujer secuestrada en el que la negociación, con sus plagiarios, se dio desde interior de un penal, ya que la víctima se encontraba en la misma cárcel, junto a sus secuestrados.
Entrevistado en su oficina, ubicada al poniente de la ciudad de México, consideró necesario que el tema penitenciario del país deje de ver como un asunto exclusivo de una instancia de gobierno con otra oficina, pues es una situación que incumbe a los distintos órdenes de gobierno.
El funcionario federal no quiso identificar los estados que tiene falta en este tema penitenciario, pero reconoció que hay entidades que han hecho el trabajo necesario para fortalecer sus propios sistemas de justicia.
EL GRAN OLVIDADO
El funcionario federal, quien se desempeñó como titular de la incipiente Coordinación Nacional Antisecuestro, explicó que es necesario modernizar el sistema penitenciario del país.
Explicó que esta modernización involucra cambios a la infraestructura de las cárceles, en su organización y en los esquemas de vigilancia, pero también a la forma de aplicar la justicia.
Desde su óptica, el sistema penitenciario nacional es el gran olvidado, por lo que hay un “desorden que provoca corrupción” y “eso no lo podemos permitir en penales de alta seguridad, ni en ningún otro penal”.
“El sistema penitenciario a nivel nacional, en los estado de la República, en los municipio, es el gran olvidado en toda la cadena. ¿De qué te sirve consignar correctamente, procesar correctamente? Si vas a enviar a un penal de mínima seguridad a un secuestrador, homicida, violador o a un miembro de la delincuencia organizada que va a seguir operando desde el interior de un (penal)”.
Recordó que hay 25 mil internos con responsabilidades a nivel federal, de los 250 mil que hay contabilizados en todo el país, por lo que nadie se puede sentir ajeno de responsabilidades.
“(En ese sentido), los gobernadores tienen que hacerse cargo; tienen que conocer sus penales directamente. Así como nosotros vamos directamente, personalmente, nuestros penales federales, los gobernadores tienen que ir, visitar, y ver en qué condiciones viven los internos; (necesitan) saber si se están cumpliendo o no con los reglamentos penitenciarios; participar en la elaboración de la Ley General de Ejecución de Sanciones, porque va a vincular a los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano”, reiteró.
Renato Sales Heredia, quien además de investigador es un aficionado a la poesía, dijo que es fundamental replicar el modelo antisecuestro, pero orientado a la participación de las entidades en el mejoramiento del sistema penitenciario nacional.
LA PENA Y LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS
Renato Sales Heredia expuso que en esta revisión y eventual modernización del sistema penitenciario nacional se debe discutir la finalidad de las penas de los internos, a fin de determinar cuándo y cómo se debe castigar un responsable de un delito.
“(Se debe revisar) todo el aparato jurídico, técnico-penal que se vincula con todo lo que estamos viendo aquí, en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en la PGR y en las procuradurías de los estados”, reiteró.
Consideró que en los estados democráticos no hay un modelo único de ser humano, por lo que no se puede readaptar a un interno con un sólo mismo patrón, por lo que los modelos deben estar orientados a los contextos en los que vive y se desarrolla un responsable de un delito.
“¿Cuál es el fin de la pena en un estado democrático?”, se cuestionó este abogado nacido en Campeche y con una experiencia adquirida en los primeros gobiernos perredistas en el Distrito Federal.
Para este abogado, en el país sigue existiendo muchas contradicciones en materia de justicia y añadió que no existen mecanismos reales para darle una persona que cumplió un sentencia la oportunidad de volver a incorporarse al mercado laboral.
“Si una persona que ya cumplió su pena aprendió a elaborar pan en el centro de readaptación, es decir, se convirtió un magnifico panadero –los mejores panes que se comen en el país se hacen las cárceles—y sale a buscar trabajo, pero en la panadería le piden la carta de no antecedentes penales (…) no conseguirá trabajo en dicha panadería. Esto es un absurdo y está prohibido por la ley”, consideró.
También explicó que hay lugares donde los internos están recluidos por delitos de mínima cuantía, por robos por debajo de los 5 mil pesos, pero se agravaron por las circunstancias del evento, y sus penas alcanzan hasta siete años, mientras hay delincuentes o servidores públicos que se “embolsaron” millones de pesos, pero están libres bajo caución, lo que hace un contrasentido hace desigual la impartición de la ley.
En ese sentido, explicó que el nuevo mensaje que se tiene que dar es el desaparecer estas condiciones e impartir una justicia más igualitaria. Ese, añadió, es el principal reto.
NUEVA LEY
El comisionado Nacional Renato Sales Heredia también dio a conocer que se cabildea en el Senado de la República la nueva Ley General de Ejecuciones de Sanciones Penales.
Incluso, informó que han aportado ideas a los legisladores, por lo que es probable que este nuevo ordenamiento legal sea discutido y, en su caso, aprobado en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Se está ahorita trabajando en el Senado la iniciativa; hemos aportado nosotros unas ideas y se está analizando, discutiendo y trabajando en comisiones y podría salir en este periodo ordinario”, dijo.
asm