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El abandono de restos óseos en Rancho La Gallera

Pase a promesas de autoridades federales y estatales, los restos en 20 fosas siguen comprometidos desde su descubrimiento hace tres meses

Escrito en ESPECIALES LSR el

Tihuatlán, Ver. – El zapato que fue de un bebé de uno o dos años de edad. Otro que perteneció a un niño de quizás siete años. Un pantalón de mezclilla desgarrado y con rastros de sangre colgando sobre las ramas de un árbol. Son solo algunas de las evidencias que podrían servir para dar con el paradero de desaparecidos que son buscados por sus familiares en el norte de Veracruz y que aún siguen sin ser resguardadas por autoridad alguna en el Rancho La Gallera, en Tihuatlán, a unos kilómetros de Poza Rica. 

Un video del recorrido que hicieron colectivos de desaparecidos con LA SILLA ROTA muestra que las promesas de autoridades estatales y federales de proteger el predio donde se presume la existencia de más de 20 fosas clandestinas no se han cumplido.

El pasado miércoles 7 de junio, integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera proyectaron ante Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fotografías de restos óseos, prendas de diferentes tallas y un horno lleno de cenizas que fueron hallados en una diligencia civil el 1 de marzo de 2017, y que desde entonces permanecen expuestos a la fauna nociva.

Ante dichos reclamos de parte de las víctimas, Campa Cifrián aseguró que la primera acción de la Fiscalía respecto al tema sería resguardar el rancho, ubicado en Tihuatlán, al norte de Veracruz. “El fiscal nos anunció que estaría solicitando inmediatamente una vez más el resguardo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, señaló el funcionario en entrevista.

Pero el predio cumplió más de 100 días en el abandono a pesar de la promesa que también les hizo personalmente el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, de asegurar el rancho. 

El 26 de abril de 2017, La Silla Rota y E Consulta Veracruz publicaron el reportaje El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que se evidenció la existencia de ese predio donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 1 de marzo, fueron encontradas prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados gracias al trabajo familiares de desaparecidos. Después del hallazgo de la sociedad civil la fiscalía se ha negado a investigar el lugar y pidió a los familiares mantener en privado el caso, hasta que éstos, cansados de no tener respuestas, revelaron la existencia del sitio.

“Cuarenta y ocho horas de haber tenido la reunión con el licenciado Jorge Winckler y Roberto Campa. Dijeron que iban a reguardar el terreno de la Gallera y hasta ahorita no ha venido ninguna autoridad. Seguimos sin respuesta”, espetó una madre del colectivo con sede en Poza Rica, quien solicitó el anonimato.

En el video de esta visita -el pasado 9 de junio-  se observa la hielera con huesos que La Silla Rota encontró en la primera visita, en abril, sólo que ahora está a unos metros de su lugar original. Varias prendas de personas que habrían sido asesinadas en el lugar permanecen al aire libre.

Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista, advierte los riesgos de que las evidencias permanezcan sin resguardo. "El abandono de hallazgos, en un caso extremo, podría modificar el estado de la evidencia de tal forma que pierdan su eficacia para acreditar los hechos en un proceso; con esto ayudan a la defensa de los imputados para que les resulte muy sencillo argumentar que se trata de evidencia sembrada”.

En la reunión de los colectivos con Campa Cifrián, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, coincidió en que “tenemos que cuidar la cadena de custodia y todo el proceso porque se trata también de encontrar a los responsables”.

Acceso abierto 

Al día de hoy, el acceso al rancho se vuelve sencillo para cualquier visitante debido a que la cinta amarilla que prohíbe el paso apenas es sostenida por dos árboles. En la primera habitación permanece intacto un horno del tamaño de una recámara donde un ejército de moscas verdes se regodea entre cenizas. Cenizas que hay en el interior del horno y regada sobre el piso.

En un cuarto contiguo al horno se dividen tres habitaciones donde las madres presumen eran escondidos las víctimas a partir de que, según información de la Fiscalía, presuntos delincuentes se apoderaron del rancho, en 2011.

En la pared de una habitación se aprecia el rastro de cuatro dedos marcados con un rojo escarlata que huele a sangre. Y que, de acuerdo con las madres, de ahí las víctimas eran arrastradas hasta el patio trasero, donde eran sepultadas clandestinamente.

En el patio que hoy es poblado por hormigas y reptiles, se observan tres fosas donde el 1 de febrero de 2017 fueron encontrados los cadáveres de cinco hombres y una mujer. Las madres lamentan que alrededor de las excavaciones haya 22 puntos donde ellas encontraron restos óseos, incluido el cráneo de un menor de edad, y que no han sido explorados por la autoridad.

“Nos pueden robar alguna muestra, algo que nos indique que aquí estuvieron nuestros hijos que están desaparecidos. Nosotros queremos encontrarlos y si la Fiscalía no nos da respuesta que nos dejen entrar a nosotros y hacemos el trabajo de ellos”, insistió la madre del colectivo María Herrera.

En tanto, el resto de sus compañeras lamentaron que en el terreno permanezcan vestidos de mujeres, cinturones de cuero, zapatos que no superan los 22 centímetros, maletas de viajes, así como autopartes de vehículos.

Las mujeres aseguran que seguirán montando guardias hasta que la Secretaría de Seguridad Pública se apersone en el rancho la Gallera. “Queremos que alguien de la cara por esta irresponsabilidad. Creímos que al enterarse de esto Roberto Campa las cosas sería diferentes, pero ya vemos que no fue así”, sentenciaron.