En el curso de la elección más grande en la historia de México donde se renovarán 18 mil 300 cargos de representación, incluida la Presidencia de la República y nueve gubernaturas, 12 entidades del país carecen de fiscales especializados en delitos electorales.
11 estados sin fiscal anticorrupción y siete sin fiscal general
De acuerdo con una búsqueda de La Silla Rota en los portales de gobierno de las entidades, y en los organigramas de los sitios que corresponden a sus Fiscalías Generales o en su defecto Procuradurías, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Nayarit y Quintana Roo no hay Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales, pese a la magnitud de la elección en puerta y al mandato legal que los obliga a crear éstas instancias.
El artículo 25 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, instituye la obligación de establecer fiscalías electorales dotadas con los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.
No obstante en estos 12 estados aún no hay definiciones al respecto. Sólo en Puebla se anunció hace unos días su creación, sin que se estipulara la fecha para designar un titular.
En algunos casos únicamente se han suscrito convenios de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fefade) de la Procuraduría General de la República (PGR), en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos de esta naturaleza.
Sin fiscalía ni fiscal
En Baja California no existe fiscal porque ni siquiera se ha creado esta Fiscalía como consecuencia de los retrasos para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Recientemente, el 14 de marzo pasado el diputado presidente del Congreso de Baja California, Raúl Castañeda Pomposo, dijo que no existe fecha para la conformación de la Fiscalía General del Estado pues no puede crearse hasta que el Sistema Estatal Anticorrupción concluya.
Además sostuvo que “el fiscal anticorrupción y el fiscal en materia de delitos electorales van a depender de la fiscalía general”.
Situación similar es la de Coahuila, donde apenas en septiembre de 2017 se publicó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que establece la desaparición de la Procuraduría General de Justicia para dar paso a la Fiscalía General local.
Aunque en el artículo 19 del citado ordenamiento se especifican los deberes y atribuciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no hay aún definiciones al respecto.
En Campeche también hay retrasos en lo que se refiere a la transición de Procuraduría a Fiscalía General, lo que deriva en la demora de otros nombramientos y en este caso del fiscal de delitos electorales. En esta entidad, el 16 de marzo pasado la Legislatura local aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE).
En Nayarit, apenas en noviembre del año pasado el Congreso local aprobó por unanimidad que los los titulares de las Fiscalías Especiales contra Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, fueran electos mediante una convocatoria pública emitida por la actual legislatura, y no por nombramiento del Fiscal General del Estado. Sin embargo, no se logró transitar hacia el proceso de designación.
Firman convenios de colaboración con Fepade
En Baja California Sur tampoco hay una figura encargada de perseguir e investigar delitos relacionados con los procesos electorales. Sin embargo, en octubre de 2017 los tres poderes del Estado y la Fepade firmaron un convenio de colaboración denominado “Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales”.
En una situación similar está Colima. No tiene fiscal, pero apenas en febrero de este año el Instituto Electoral del Estado (IEE) y la Fepade firmaron un convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales.
Otra entidad donde también se han limitado únicamente a comprometerse con la autoridad electoral federal, a colaborar para prevenir el delito electoral es Durango. En febrero de este año, el gobierno estatal firmó junto a Héctor Díaz-Santana Castaños el "Compromiso por el Blindaje Electoral” en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir delitos electorales.
Situación similar se registra en Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo y Guanajuato que firmaron un acuerdo en septiembre del año pasado.
Hacia la creación de la fiscalía
Mención aparte merece el estado de Puebla, cuyo gobernador Antonio Gali anunció el 23 de marzo la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, además de firmar un convenio de “blindaje electoral” rumbo a los comicios del 1 de julio con Héctor Díaz-Santana, titular de la Fepade.
No obstante, el mandatario estatal no dio fecha para el nombramiento de un titular que dirija esta instancia.
jamp