PACHUCA.- El Poder Judicial del Estado sentenció al exdirector de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), José Antonio T. D., a 10 años y 3 meses de cárcel, a cubrir una multa de 24 mil pesos y pagar más de 126 millones, equivalente al daño que causó al erario de Hidalgo.
A las 13:56 horas del 23 de agosto, los jueces Rafael Souverbille García, Rosa María Escamilla Reyes y Lizbeth Arlene Chávez Rizo, dictaron la sentencia contra el funcionario en la administración de Francisco Olvera Ruiz, la cual cumplirá en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
Lee más en LSR Hidalgo: Verdugo de Sofía pasará 110 años en la cárcel; la secuestró, mató y enterró en el patio de su casa
Los juzgadores determinaron que también deberá pagar una multa de 382 Unidades de Medidas de Actualización (UMA), que equivalen a 24 mil 360 pesos con 14 centavos, toda vez que en 2014 cuando se cometió el ilícito, el salario diario equivalía a 63.77 pesos.
Como parte de la reparación del daño, el Ministerio Público y el asesor legal de la SEPH, peticionaron el pago de 126 millones 871 mil 653 pesos; es decir, la misma cantidad que distrajo por no enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitud que respaldaron los jueces resolutores.
José Antonio T. D. también estará inhabilitado para ejercer un cargo público en el mismo periodo de su pena, además, le fueron suspendidos sus derechos tanto civiles como políticos y no podrá acceder a ningún beneficio durante la ejecución de su pena o disminuir los años que pasará en reclusión.
Con la sentencia unánime del tribunal de juicio oral, concluye el proceso legal que responde a la causa penal 355/2016, en la cual el exdirector financiero de la SEPH fue acusado de no enterar al SAT un total de 44 millones 203 mil 192 pesos con 45 centavos, en el periodo que comprende del 1 al 31 de enero de 2014.
Cifra que tras multas, recargos y actualizaciones derivó en un crédito fiscal por los más de 126 millones de pesos que hoy lo mantienen en prisión, dinero que pagó en 2016 la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
SOLICITARON DISCULPA PÚBLICA, DEFENSA SE OPUSO
Durante la audiencia, que inició a las 9:00 horas de este día, el Ministerio Público representado por Lidia Ramírez Cruz, solicitó que en una audiencia el sentenciado ofreciera una disculpa pública a los hidalguenses, a la Secretaría de Educación Pública del estado, así como al Instituto Hidalguense de la Educación; lo anterior, para que reconociera su responsabilidad en la distracción del dinero mediante transferencia a diversas cuentas bancarias.
No obstante, el abogado del hoy sentenciado, Francisco Áureo Acevedo Castro, consideró que la petición no era procedente, toda vez que la Ley General de Víctimas en su artículo cuarto establece que solo son “víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo”.
Por lo tanto, las instituciones gubernamentales no aplicaban en el supuesto, acotó el defensor; situación que fue corroborada por los jueces y por tanto el sentenciado no deberá pedir disculpas.
Asimismo, durante la audiencia el abogado expuso que el tribunal de juicio oral denotó “una clara desigualdad de partes”, lo que previó, será materia de apelación contra la resolución a nivel federal.
POR QUÉ LO SENTENCIARON
El juez Rafael Souverbille García estuvo a cargo de la relatoría de la declaratoria de culpabilidad, indicó que José Antonio T. D. fue sentenciado porque la distracción de dinero se realizó de manera dolosa mientras se desempeñó como funcionario.
La edad de 58 años que tenía al momento de la comisión de ilícito también influyó, al igual que su licenciatura en contaduría, toda vez que los jugadores señalaron que el sentenciado tenía conocimiento de los hechos por esas dos razones.
Tras escuchar los años que estará recluidos en el Cereso de Pachuca, José Antonio T. D. abandonó la sala tres de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución, caminó esposado y custodiado por policías procesales que lo condujeron de nueva cuenta a las instalaciones del Cereso de Pachuca.
Cabe recordar que el sentenciado aún tiene dos procesos penales vigentes de la causa 362/2018 por la distracción de 491 millones 333 mil 311 pesos y la 354/2016 por un monto de 68 millones 795 mil 10 pesos.
Ilícitos que presuntamente realizó en coautoría con Pablo P. M., exsubsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, quien actualmente está vinculado en tres procesos penales, todos por el delito de peculado.
emh