Un juzgado mexicano amparó por primera vez a dos empresas privadas contra el aumento de hasta 775% en las tarifas de porteo para las centrales eléctricas, incluyendo las renovables, que esta semana publicó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno.
Las compañías Tampico Solar y Saferay Solar obtuvieron una suspensión provisional contra la resolución de la CRE en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, según el acuerdo publicado este viernes.
"Que no se ejecute en perjuicio de todas las quejosas la Resolución RES/893/2020 y la Determinación de los cargos por el Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o de cogeneración por nivel de tensión, a precios de 2018", ordenó.
El fallo se refirió al aumento publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que la CRE aprobó el 28 de mayo en una sesión extraordinaria días después del exhorto de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El acuerdo implica un incremento de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, que deben pagar a la CFE las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció que el aumento es "ilegal" e "inadmisible" al acusar al Gobierno mexicano de "atropellar" la Ley de la Industria Eléctrica.
El amparo otorgado este viernes es provisional y aplica solo a las empresas quejosas en lo que se resuelve el fallo, pero les da la razón de forma temporal.
"Para garantizar la vigencia de sus contratos de interconexión mientras sus centrales eléctricas inician operaciones normales, (el monto por pagar) debe ser calculado conforme a las metodologías, resoluciones y tarifas que estaban vigentes", estableció el juez.
Aun así, la resolución pidió a los privados dejar una garantía "por el equivalente a los importes que resulten de la diferencia que derive de calcular el monto que la parte quejosa debe pagar a CFE Intermediación de Contratos Legados".
El aumento de las tarifas es el último choque entre el sector privado y el Gobierno provocado por el cambio de política energética durante la pandemia.
Se suma a la batalla legal abierta contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, y la política de la Secretaría de Energía (Sener), fechada el 15 de mayo.
Mientras que el CCE considera que todo esto afecta al 14% del producto interno bruto (PIB), las distintas asociaciones de compañías energéticas de México aseguran que están en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.
Apenas este jueves, un juez concedió a una asociación civil la primera suspensión definitiva contra la política de Sener y una adicional contra el acuerdo del Cenace, lo que deja a ambas sin efectos en lo que se resuelve su constitucionalidad.
Tras el fallo, la Sener advirtió que combatirá la resolución, aunque abogados prevén que el conflicto escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).