Sin importar el signo político al que pertenezcan la corrupción empaña a todos los gobiernos. Durante la década reciente, al margen de la relevancia de las partidas presupuestales, los ejecutivos estatales arrastran irregularidades por 185 mil 237 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado.
Al amparo de los programas federales y los miles de millones de pesos canalizados hacia las entidades para enfrentar rezagos sociales como pobreza, infraestructura de salud, inseguridad y educación, los gobiernos estatales incurren en fórmulas para manipular los recursos.
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Ante la creciente preocupación social, la corrupción ha comenzado a pasar factura electoralmente. Por ejemplo, entre 2015 y 2017, el PRI perdió 10 gubernaturas que mantenía en su poder, como saldo de un castigo electoral, el periodo de mayor retroceso registrado para el tricolor.
De acuerdo con la revisión de la cuenta pública durante las administraciones priistas entre 2007 y 2016 han acumulado irregularidades en sus gobiernos por un saldo de 114 mil 929 millones de pesos, revela la ASF.
Aunque el PAN ha conquistado espacios electorales arrebatándole al PRI estados emblemáticos como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, en donde las irregularidades por desvío de recursos ascienden a 23 mil 390 millones de pesos.
Sin embargo, las gestiones del blanquiazul no han estado extensas de escándalos, uno de ellos fue el registrado por el exgobernador panista Guillermo Padrés, en Sonora, acusado de lavado de dinero.
También los gobiernos emanados del PRD también han enfrentado casos de corrupción y sus cuentas pendientes ante la ASF también involucran miles de millones de pesos desde 2007 a la fecha con 19 mil 645 millones de pesos.
La generalización de las irregularidades también se ha diversificado en el actual gobierno de Chiapas, bajo gestión del PVEM, con un saldo de 4 mil 888 millones de pesos entre 2012 y 2016.
Otro caso es el de Jaime Rodríguez Calderón, ''''El Bronco'''', quien llegó de forma independiente al gobierno de Nuevo León, y que en la revisión de su primer año al frente del Ejecutivo estatal registró 7 mil 755 millones de pesos de operaciones irregulares en las partidas federalizadas.
Entre los aspectos más sensibles donde han tenido lugar los malos manejos de los recursos públicos está el de la seguridad. Aquí es recurrente la práctica del subejercicio o el desvío de recursos que, en teoría, estaban dirigidos a este rubro.
Otro aspecto del gasto público en donde también ocurren desvíos frecuentes de dinero es el de la salud. Así lo demuestran estudios de la ASF, donde se establece que en diversas entidades no se ha capacitado al personal sanitario en diversos aspectos fundamentales para su labor, las autoridades no siguen un plan estratégico para conseguir objetivos concretos o no existen insumos médicos elementales.
Un ejemplo más es el ramo educativo, donde diversas auditorías han documentado que los recursos de las partidas federales no se dedican a mejorar la infraestructura de las escuelas o a fortalecer las condiciones de trabajo de los profesores, sino a financiar la nómina y otros aspectos del gasto corriente, o son enviados a empresas fantasmas por conducto de universidades, en el contexto de operaciones fraudulentas.
En su primer año de fiscalización la ASF detectó que en algunas entidades hubo irregularidades por arriba de 30 por ciento. Ampliar las facultades a este ámbito pretende acotar la discrecionalidad con que los gobiernos estatales ejercen las partidas federales.
Con información de El Financiero
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