Familiares de tres personas desaparecidas en Chihuahua hace ocho años por elementos del Ejército testificaron frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) este jueves, durante la primera de dos audiencias sobre el caso.
Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron secuestradas por agentes del Estado en el Ejido Benito Juárez en el Municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.
El perito Federico Andreu destacó los obstáculos que han encontrado por parte de miembros del Batallón 35, señalados en el caso, así como el aislamiento de la investigación.
Sobre la Ley de Seguridad Interior, Andreau expresó su preocupación por la “nebulosa” frente a los poderes que se le pueden otorgar a las Fuerza Armadas.
Los representantes de la autoridad, entre ellos la Ministerio Público, Marina Colín Ayala, defendió ante la CoIDH que fueron miembros del crimen organizado, vestidos de militares, quienes cometieron la desaparición de los Alvarado, ya que justificó que en esa zona de Chihuahua ya no había presencia militar.
Al presentar su testimonio ante la Corte, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza y prima de Rocío y José Ángel, aseguró que ninguno de los denunciantes ha sido llamado por algún juez en ocho años.
¿No los citaron ante un tribunal? ¿No los citaron ante un juez? ¿Ustedes no han comparecido?", cuestionó uno de los jueces a Alvarado Espinoza durante la audiencia pública.
Ninguno de los denunciantes ha sido llamado por algún juez en 8 años (Imagen de Kaos en la Red)
Las denuncias son todo lo que yo he hecho, lo que está en el expediente. Ahorita es la primer vez que yo estoy ante un juez", indicó.
El hecho ocurrido en 2009 en Chihuahua pasó en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que se inició en el país durante el sexenio de Felipe Calderón.
Alvarado Espinoza relató durante la audiencia que la desaparición de José y Nitza ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche. Indicó que aunque ella no se encontraba ahí, familiares que atestiguaron lo ocurrido señalaron que 10 militares descendieron de dos vehículos oficiales e ingresaron al domicilio particular de José para sacar a la fuerza a Alvarado y a su sobrina, y los subieron a los vehículos.
Los otros desaparecidos, horas antes de los 43 de Ayotzinapa
Más tarde, elementos del Ejército entraron al domicilio de la madre de Rocío Irene Alvarado Reyes y sacaron a Rocío. Al día siguiente, los familiares acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes y presentaron la denuncia por delito de privación ilegal de la libertad ante Arón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura, quien les informó que sus familiares se encontraban en el batallón 35 de Infantería para ser investigados.
Luego de años sin respuesta, los familiares presentaron en junio de 2011 ante la Comisión Interamericana una petición, apoyada por varias organizaciones no gubernamentales del estado de Chihuahua, para investigar el caso.
Hasta este momento, el gobierno sigue protegiendo a los criminales, sigue protegiendo a los que hicieron esto", aseveró Alvarado Espinoza ante la Corte.
El Gobierno no quiere hacer su trabajo, no quiere responder en lo más mínimo", agregó.
Pidió a la Corte obligar al Estado mexicano a decirles dónde están sus familiares y qué hicieron con ellos.
Estoy aquí no sólo por mi familia, sino por todos los casos de desaparecidos", expresó.
Espinoza Alvarado refirió también que se encontraba en asilo político en Estados Unidos, luego de recibir amenazas en México, pero que a la hora de pedir permiso para ir a la audiencia de la Corte, que tiene su sede en Costa Rica, le negaron la solicitud.
Me dijeron o es tu asilo o es estar en esta Corte porque no regresas a Estados Unidos. Yo digo, me voy a la Corte, pierdo el asilo", dijo.
Estoy aquí, mis hijos están solos en Estados Unidos, ahorita yo no sé dónde voy a volver. Mi miedo es regresar a México y más después de esta Corte", añadió.
En la audiencia también testificó Jaime Alvarado Herrera, hermano de José Ángel, quien aseguró que de 37 miembros de la familia, todos se fueron del Ejido Benito Juárez y 11 pidieron asilo político a Estados Unidos tras recibir amenazas y presiones por parte de la policía en México.
La audiencia pública comenzó este jueves a las 9:00 horas, sesión que terminará aproximadamente a las 18:30, y que continuará al día siguiente, con la presencia de familiares de la tres víctimasy expertos que le han dado seguimiento al tema, así como representantes de las autoridades.
El caso Alvarado podría marcar un antes y un después en este tipo de casos en México, según las recomendaciones que emita la Corte las cuales podrían darse este viernes 27 de abril.
mlmt