Durante la marcha del 2 de octubre de 2013, en memoria de la matanza contra estudiantes en 1968, 102 personas fueron detenidas y algunas de ellas presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por considerar que se les detuvo de manera arbitraria, por recibir tratos inhumanos o incluso por no informarles los motivos de su detención, así como por sólo ejercer su derecho a la libre manifestación, pese a que en algunas ellos también ejercieron violencia o vandalismo.
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A casi cinco años de aquella marcha, este viernes 8 de junio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, firmó la ley que extingue la atribución de ejecutar penas y medidas de seguridad contra 510 personas que participaron en 25 manifestaciones, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 10 de diciembre de 2015.
Dicha medida beneficiará con "el perdón" a personas que participaron en protestas entre esas fechas, y que sufrieron detenciones arbitrarias o demoras en ser presentados ante el Ministerio Público, como ocurrió a esos jóvenes en la marcha del 2 de octubre de 2013... y otras más.
Aquella vez, la CDHDF emitió la recomendación 10/2015 por esa marcha del 2 de octubre, en la que se presentaron como agraviados 18 mujeres, 35 hombres y cuatro adolescentes. La recomendación fue dirigida a autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y la Consejería Jurídica, por acusaciones de detención arbitraria, uso indebido de la fuerza, tortura y otros tratos crueles o inhumanos, obstaculización o injerencias arbitrarias en el contexto de manifestaciones públicas.
DETENIDOS POR SU TATUAJE
Otra más de las irregularidades encontradas en las detenciones de esa protesta en 2013, fue que funcionarios públicos del TSJDF no llevaron a cabo las diligencias necesarias para garantizar el derecho a una defensa adecuada de 6 personas: José Daniel Palacios Cruz; Adrián Gutiérrez Miguel; Ilia Infante Trejo; Víctor Efrén Espinoza Calixto; Iríbar Ibinarriaga Ramírez y Salvador Reyes Martínez, al no realizar todas las acciones a su alcance para obtener y valorar una prueba ofrecida durante el plazo constitucional, “que resultaba clave para determinar su situación jurídica”.
Pero no fue la única irregularidad. La entonces SSP-DF detuvo injustificadamente y sin los requisitos legales para hacerlo a personas que participaron en las manifestaciones, sin ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad competente ni informarles de las causas y motivos de su detención, violando su derecho a la libertad personal.
Además, funcionarios de la PGJDF dictaron acuerdo de retención respecto a una persona, “sin que constara la declaración del policía que llevó a cabo su detención, en la que figurara la conducta que se le imputó”, informó la CDHDF.
A ello se sumó que funcionarios públicos de Juzgados Cívicos dictaron, en ciertos casos, determinaciones en las que no se realizó el análisis de las constancias de los expedientes, y a pesar de que las personas detenidas negaron la imputación, la sanción se impuso bajo el argumento del reconocimiento expreso “de la conducta que los policías dijeron habían cometido”.
Otro abuso fue que elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina además agredieron físicamente y sin justificación a 69 personas, y obstaculizaron la labor de documentación y defensa de los derechos humanos de las personas manifestantes, que realizaban defensoras de derechos humanos y de Visitadores Adjuntos de la CDHDF, vulnerando el derecho a defender sus derechos fundamentales.
De acuerdo con reportes periodísticos, en esta marcha se detuvieron a 102 personas.
EL CASO AYOTZINAPA
Aquella no fue la única marcha entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015 en la que la Comisión de Derechos Humanos detectó abusos contra manifestantes.
En la recomendación 16/2015, las personas agraviadas fueron un adolescente, una mujer y 12 hombres, y la queja fue presentada contra la Secretaría de Seguridad Pública y como autoridades colaboradoras la Procuraduría capitalina y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En esa ocasión, manifestantes que se apostaron en Boulevard Puerto Aéreo esquina con Zaragoza, se toparon con elementos de la SSP-DF. En la protesta aventaron objetos contra los elementos, mismos que los granaderos les devolvieron, avanzaron, los encapsularon, y en cuclillas, los golpearon pese a no oponer resistencia.
Otros lograron escapar y se refugiaron en negocios y empresas cercanas, pero hasta ahí llegaron los elementos de la Policía capitalina y les pidieron salir y les decían que su intención era sólo que salieran, pero al estar fuera los llevaron con el resto de los encapsulados y ese grupo, al azar, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, sin tener certeza de que hubieran participado en el enfrentamiento.
Pero, además tardaron en ser llevados a una Coordinación Territorial para declarar ante el Ministerio Público. Un caso es el que narró la policía Deyanira Edna, quien puso a disposición a una persona agraviada dos horas después de ser detenida.
25 MANIFESTACIONES
La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, se refirió durante el foro "El derecho a manifestarse y a la protesta social en la Ciudad de México", a la promulgación de la ley.
Esta ley beneficia de manera inmediata a aquellas personas que fueron acusadas, procesadas, sentenciadas por ataques a la paz pública, rebelión, motín, sabotaje y sedición y las sanciones y las medidas de seguridad impuestas injustamente serán sobreseídas por los jueces competentes sin restricción alguna para personas privadas de la libertad y quienes se encuentran sustraídas de justicia, devolviéndoles con ello la libertad para transitar libremente y recuperar su proyecto de vida”, dijo la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez.
jamp