La iniciativa para derogar los delitos contra el honor del Código penal de Hidalgo será subida al pleno el próximo martes para ser votada, así lo informó el ciudadano Leonardo García Vázquez, acusado de difamación por la constructora Sylma SA de CV, propiedad de Sylvia Rico Moreno.
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Tras reunirse esta tarde con los diputados locales, García Vázquez aseguró en entrevista que el legislador de Morena Víctor Osmid Guerrero Trejo se comprometió a subir el próximo martes la iniciativa para que sea votada, y así definir si los delitos son derogados o no.
Recordó que el proceso que iniciaron en su contra por difamación fue después de que denunciara de manera pública que su casa, ubicada en el fraccionamiento Esmeralda, construido por Sylma, tenía deficiencias en la construcción, luego de que se inundara y se vieran afectados sus muebles, así como un posible conflicto de interés del exsubsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, lo que resultó en una investigación periodística que reveló que la empresa obtuvo 91 licencias de construcción mientras el exfuncionario desempeñó el cargo en el mandato del exgobernador Francisco Olvera Ruiz y que Constructora Crimsa (de la cual es accionista mayoritario) obtuvo 181 más.
También, rememoró que fue detenido en el Estado de México por policías de Hidalgo y trasladado a la entidad para enfrentar demanda que presentó en su contra la apoderada legal de la constructora, propiedad de la también hermana de Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal.
En el Estado de México no estaba vigente el delito. La Procuraduría (General de Justicia de Hidalgo) tuvo que pedir apoyo al Estado de México para que me detuviera y me tuvieron que haber juzgado allá, pero mañosamente, sin pedirme identificación y comprobar que era yo, me subieron a su patrulla y me trasladaron a Hidalgo y en la entidad me pidieron mis papeles”, mencionó.
CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y PROCESO
Leonardo detalló que en la carpeta investigación del caso aparecen dos testigos de la constructora que viven dentro del fraccionamiento Esmeralda, ubicado en Zempoala, y que también trabajan para la firma, por lo que señaló sentirse “observado” y eso lo llevó a solicitar la defensa del mecanismo para la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Tuve que pedir el apoyo del gobierno federal para sentirme respaldado porque aquí hay una impunidad exorbitante”, dijo.
En cuanto a su proceso, dijo que actualmente hay dos amparos por resolverse: uno contra su detención y otro por la vinculación a proceso, quien la dictó la exjueza Sissi Anette Rodríguez Fernández y que actualmente ocupa el cargo de subprocuradora de Procedimientos Penales Región Poniente en Hidalgo, tras la renuncia de tres exsubfiscales, entre ellos Mario Rico Moreno, quien estaba al frente del despacho de Derechos Humanos.
En este último recurso, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región de Zacatecas ordenó al Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo la reposición del recurso 94/2018, revisarlo de manera integral y pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad del delito (como lo solicitó García Vázquez), luego de que dicho juzgado sobreseyera.
A la reunión acompañaron al ciudadano Luz Teresa Vergara, directora de reacción rápida e implementación de medidas urgentes de protección de la Secretaria de Gobernación federal, personal de la oficina del alto comisionado de la ONU en México y de la organización Artículo 19. También estuvo personal de la Procuraduría General de Justicia estatal para “avalar” el soporte legal de la iniciativa, indicó García Vázquez.
Al homologar las leyes con las federales evitan que se siga utilizando el derecho penal para criminalizar a los ciudadanos, protectores de derecho humanos o a los periodistas”, mencionó.
jgp