Veracruz (La Silla Rota).- Claudia Ivonne Vera García utilizaba sus redes sociales para difundir fichas de personas desaparecidas, incluida la de su sobrina de seis años, Mónica Vera. La tarde del 23 de marzo de 2016, la activista se convirtió en víctima y su paradero se convirtió en desconocido con una presunta omisión de cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz.
Por este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, en la cual solicitó investigar a los funcionarios encargados de la búsqueda, incluido a uno de ellos identificado como AR1, quien era conocido de Vera García.
“Qué miedo cruzar Veracruz, caramba. Qué miedo estar cerca de Veracruz”, fueron las últimas expresiones publicadas en la cuenta de Facebook de Vera García, de acuerdo con María Ampudia, presidenta de la asociación “Y quién habla por mi?” , en una entrevista con el programa MVS.
Con base en las declaraciones de dos testigos T1 y T2, alrededor de las 19:30 horas del miércoles 23 de marzo, Claudia Ivonne se encontraba laborando en su negocio, ubicado en el municipio de Boca del Río en compañía de otras cinco personas, cuando un individuo de forma violenta le dijo que entregara dos celulares, y otros cuatro dijeron que querían hablar con la dueña del lugar, momentos después ya no supieron nada la víctima.
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La madre de Claudia Ivonne identificada en la recomendación como V2 manifestó en su denuncia del 24 de marzo de 2016, que los victimarios fueron dos hombres vistos a bordo de una camioneta color blanco, donde se llevaron a su hija de 43 años de edad con rumbo desconocido.
Tras la desaparición, la madre refirió a los fiscales que alguno de los trabajadores de Claudia aparentemente conocía las contraseñas de las páginas donde la implementaba la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz y en el resto de la República, sin embargo el argumento no fue estimado por la autoridad.
La CNDH, en su expediente de queja CNDH/5/2016/2413/Q, agregó que la Fiscalía de Veracruz no cuenta con un sistema de registro de denuncias vinculadas con activistas que desarrollan actividades de acompañamiento o defensa de los derechos humanos, además de que desconocían si existía un caso similar al de Vera García.
“La FGE no identifica los casos de activistas; omisión que evidencia que el proceso de investigación es deficiente en virtud de que no se analiza el contexto relativo a la actividad desarrollada por la víctima, ignorando condiciones específicas de riesgo que ellas enfrentan”, se lee en el documento firmado por el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez.
Para la CNDH, los cinco funcionarios de la FGE: fiscales, policías ministeriales y peritos, debieron solicitar a la Dirección General de la Policía Ministerial la investigación y recolección de la información de la víctima relacionada con el desempeño de su labor en un lapso mínimo de 6 meses que antecedan al caso.
Lo anterior, toda vez que activistas de Veracruz y del resto de la República ratificaron el activismo de Claudia Ivonne, además de que su hermano, identificado como V1, manifestó ante el ministerio público que: “Ayuda a mucha gente a buscar a sus familiares en su página de Facebook [...] además quiero agregar que tengo mucho contacto con [AR1] a quien conozco hace muchos años y que también conoce a V1 (Claudia Ivonne Vera García)...”.
Acción tardía y omisa para búsqueda de Claudia Ivonne
De acuerdo con la relatoría de la CNDH la madre pidió el 28 de marzo de 2016 que se boletinara por todos los medios la desaparición de su hija, además que solicitaran al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Veracruz (C4) las videograbaciones de los sitios aledaños al sitio donde la activista fue privada de su libertad.
Las autoridades del C4 reconocieron que no contaban con cámaras en la vía pública, pero sí con la ubicación de tres equipos de grabación en las inmediaciones del local de equipos celulares, propiedad de Claudia Ivonne Vera. Diligencias que nunca comprobó realizar el perito identificado como AR2.
Los elementos de la FGE tampoco rastrearon el vehículo señalado por los testigos presenciales, ni buscaron indicios de los responsables en las casetas de cobro más cercanas al lugar del ilícito. No revisaron las redes sociales de Ivonne, aunque conocieron que era el medio que usaba para la búsqueda de desaparecidos. Y por último, el caso no fue investigado como un delito de género.
“Para esta Comisión Nacional se acredito´ que AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 no realizaron sus funciones con la debida diligencia con que están obligados a actuar y en un plazo razonable, lo que provoco´ un retraso significativo en agravio de las víctimas”, se lee en la recomendación.
Fiscales dejaron que madre se encargara de la búsqueda
Entre las omisiones más graves señaladas por la CNDH, indica que el agente AR1 -conocido de Claudia Ivonne- traslado´ a la madre la carga de impulsar la investigación, al entregarle los oficios para que ella misma los llevara a las autoridades destinatarias.
Se comprobó, que en vez de la madre solicitó por su cuenta el apoyo con los Directores de la Clínica 14 y 71 del IMSS, al Director del ISSSTE del Estado, al Director de la Cruz Roja en el Estado, así como dos oficios dirigidos al Delegado Regional de los Servicios Periciales en esa Entidad Federativa.
“La autoridad traslado´ a V2 (la madre) la carga de impulsar la investigación, al entregarle los oficios para que ella misma los llevara a las autoridades destinatarias, toda vez que en los oficios de referencia se puede apreciar al margen la firma de V2, y una anotación en la que se cita “Recibí original para entregar..” con fecha 28 de marzo de 2016.
La CNDH concluyó que “se cuenta en este caso con elementos de convicción suficientes para que este Organismo Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, presente queja ante la Visitaduri´a General de la FGEV a efecto de que inicie e integre la investigación administrativa correspondiente y se determine la responsabilidad administrativa de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5”.
Además, enfatiza el documento, que la omisión de agotar todas las líneas lógicas de investigación o la falta de diligencia en la recolección de pruebas en este sentido, puede tener graves repercusiones en el desarrollo de los procesos en etapas de acusación o de juicio.
A dos de meses de iniciada la búsqueda de Claudia Ivonne, la madre también fue privada de su libertad al término de una reunión en el municipio de Córdoba con el entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Integrantes del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, confirmaron que la mujer no regresó a su domicilio en el puerto de Veracruz. La familia Vera García aplazó la búsqueda. En tanto que en la recomendación no se aclara si la madre recuperó su libertad.
Fiscalía acata recomendación en comunicado
En un comunicado publicado este lunes 12 de marzo, la Fiscalía de Veracruz aceptó la recomendación 4/2018, así como las presuntas omisiones y faltas en la debida diligencia “que caracterizó a la anterior administración”.
Derivado de lo anterior, se señaló que desde la llegada de la nueva administración, a cargo de Winckler Ortiz la FGE ha emitido acuerdos relacionados con la investigación de casos de personas desaparecidas, en los que se establecen mecanismos para agilizar la investigación (…) con base en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.
En el comunicado se destacó que en el primer trimestre de 2018, la FGE obtuvo 40 órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas de personas.