Xalapa, Ver. - En 9 meses, la Contralora General del Estado, Leslie Garibo Puga, se ha convertido en una de las funcionarias con más señalamientos por omisiones ante la obligación de controlar y evaluar la gestión del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el proyecto de la Cuarta Transformación, en Veracruz.
La funcionaria de Morena, quien habría presentado su renuncia a tres meses de rendir protesta de ley, ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones y el trabajo de “investigación” que realizó para exonerar a García Jiménez, acusado de nepotismo.
La abogada originaria de la Ciudad de México es investigada por presuntos actos de corrupción; y mantiene en su nómina a Miguel Ángel Vega García, quien -se sospecha- estaría involucrado en el desvío millonario de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La también integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, se niega a hacer pública su declaración patrimonial, y ha optado por evitar a medios de comunicación cada que es cuestionada por actos al margen de la normatividad.
La ley orgánica del Poder Ejecutivo establece en su artículo 33 que la Contraloría General es la dependencia responsable de la función de control y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspondiente.
Presunto nepotismo pone contra las cuerdas a Contralora
Para el mes de marzo, en los primeros 100 días de la administración de Cuitláhuac García, se hizo público que varias dependencias del gobierno incluyeron en su nómina a hijos, primos, parejas sentimentales o hermanos de los titulares.
La Secretaría de Gobierno; de Educación; de Salud; del Trabajo, Previsión Social y Productividad; Finanzas y Planeación; de Infraestructura y Obras Públicas; Turismo y Cultura; Protección Civil; y hasta el Congreso local, se habrían convertido en “agencias de colocación” de los morenistas.
Ante la denuncia pública la Contralora General del Estado, Leslie Mónica Garibo Puga, confirmó que abrió diversas carpetas de investigación por el supuesto nepotismo en varias dependencias del Gobierno del estado.
Tras su declaración el 08 de marzo, no se conoce el resultado de sus investigaciones. Solo fue en el caso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que aseguró que no tenía ningún parentesco con Eleazar Guerrero, quien es Subsecretario de Finanzas y Planeación.
El 18 de junio, deslindó al mandatario estatal y en tono de broma afirmó que incluso estaría dispuesta a hacer estudios de ADN a la abuela del mandatario, para concluir la investigación. Su declaración se vino abajo cuando medios de comunicación publicaron las actas de nacimiento que confirmaban la relación de parentesco.
A la fecha Eleazar Guerrero sigue en la nómina de Sefiplan, recientemente participó en un evento público en el Congreso local, donde se firmó un convenio para capacitar a servidores públicos.
La investigación se inició tras la recomendación del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia el 6 de junio, pidió al gobernador veracruzano investigar y erradicar dichas prácticas que prevalecían en el gobierno yunista.
La Contralora aseguró que se enfocaron en revisar el caso de Eleazar Guerrero Pérez y su cercanía con el gobernador Cuitláhuac. El mandatario aseguró no tener familiares trabajando en el gobierno, incluso, pidió públicamente a la Contralora investigar algún hecho de nepotismo en su administración.
“Mis apellidos no son Guerrero, ni Pérez, soy García Jiménez y no hay ningún García ni Jiménez que sea de mi familia en el gobierno”, declaró el 07 de junio.
Fiscalía Anticorrupción investiga a Garibo
Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, confirmó que existe una investigación por incumplimiento de un deber legar que involucra a la Contralora General del Estado, al Gobernador y al Subsecretario de Finanzas y Administración.
Lo anterior, como consecuencia de la negación de Garibo Puga sobre el parentesco entre García Jiménez y Guerrero Pérez, luego de que se publicaron las actas de nacimiento de ambos, por lo que se determinó llevar a cabo la investigación, que, de arrojar alguna conducta ilegal, obligaría a sancionar a Garibo Puga, a García Jiménez y su primo.
Nuevo escándalo por renta de patrullas y compra de medicamentos
La Contralora Garibo Puga, reconoció que la contratación de servicios a sobrecosto prendió la alerta del gobierno estatal, por posibles irregularidades.
Es por eso, que se investiga la compra de medicamentos con la empresa Abisalud, propiedad del exdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, que firmó un contrato por 35 millones de pesos; y la renta de 110 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, con un costo superior a los 144 millones de pesos.
“Ya giramos instrucciones para que se hagan los análisis pertinentes, que se haga el allanamiento de todos los documentos para que se pueda hacer el análisis correcto, y con la autonomía de los órganos de control, se hagan los procedimientos legales en este caso”, expuso el 24 de mayo.
A casi tres meses de que se inició la investigación no ha dado a conocer los resultados de la revisión o si sancionó a algún funcionario público por la compra de medicina y la renta de patrullas. En tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una segunda investigación por el caso.
Estafa maestra alcanza a la Contraloría local
Recientemente se difundió en medios que el actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Vega García, fue vinculado a “La Estafa Maestra”.
Una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción exhibió el sistema de corrupción que involucra a dependencias de Gobierno federal, universidades públicas y “empresas fantasma” para desaparecer millones de pesos.
Vega García forma parte del equipo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y fue titular del Órgano de Control de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el tiempo en que era titular Rosario Robles Berlanga, quien fue internada en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Huye de los medios
Leslie Garibo Puga, evadió a los medios de comunicación, al ser cuestionada sobre el estatus laboral de Miguel Ángel Vega, presuntamente involucrado en la “estafa maestra” que llevó a Rosario Robles a prisión preventiva.
La funcionaria visitó el Congreso local el pasado 15 de agosto, pidió a los elementos de seguridad le permitieran salir por la puerta trasera para no dar declaraciones.
Se limitó a decir que no disponía de tiempo y que su agenda estaba muy apretada “si te coordinas con mi gente, yo soy muy respetuosa y los quiero un buen” argumentó antes de salir por la puerta trasera de la unidad de servicio médico del Congreso.
Se niega a hacer pública su declaración patrimonial
El 16 de agosto, se hizo pública la negativa de Garibo Puga de hacer pública su declaración patrimonial. A través de una solicitud de información el Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría, Miguel Ángel Vega García, notificó la decisión de la funcionaria.
“Me permito informarle que el servidor público referido, manifestó no aceptar la divulgación de la Declaración Patrimonial”, notificó según el oficio C.G./DGTAyFP/615/2019.